La dinámica es la misma: valerse de un hecho a todas luces repudiable, para salir con el uniforme invisible del comunismo, como defensores de la legalidad e inmiscuir a los gobiernos y cuerpos policiales, convirtiéndolos en culpables sin juicio. En su caso no vale la presunción de inocencia. La alcaldesa olvida que ella debe responder por la seguridad de la ciudad, azotada por el hampa de las guerrillas y por los paramilitares castrochavistas, que actúan a sus anchas en Bogotá. Es buena para reclamar, pero no actuar. También miró para los lados cuando el 1ero de enero de 2019, un carro bomba del ELN, asesinó a 23 personas y dejó heridos a 87, en la escuela General Santander. Esos no los reconoce su sensibilidad rubescente.
El decir, para el Foro de la alcaldesa, hay muertos y heridos buenos, mientras los crímenes cometidos por bandas criminales, preparadas en Cuba y Venezuela pocos les importa. Su papel es debilitar moral y materialmente a la policía y el Estado en su totalidad. Es el código Sao Pablista y sus metrallas con eficaces ejecutores en la sombra.
Los destrozos de negocios, carros de la policía, y en general el incendio de la ciudad, es organizado por células terroristas de múltiples nacionalidades. El teatro de operaciones es la frontera de Venezuela, con ramificaciones en varias alcaldías del país y en los distintos poderes regionales y nacionales colombianos, con la intención ya clara de destruir al principal representante de las ideas democráticas, el expresidente Uribe y su partido, que han defendido con valentía los valores de la libertad. Los destrozos han sido incuantificables, perdidas humanas y 4 días de infierno y crimen, como lo anticiparon Maduro, Lula, Correa, Evo Morales y sus seguidores ya reconocidos en el mundo.
Las células urbanas están organizadas para la desestabilización democrática.
Hoy es Colombia, mañana van otra vez por Chile, Ecuador, y el desastre continua su rumbo. Si no sé extingue en Venezuela la narcodictadura, la paz del continente seguirá en tinieblas.