El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un memorándum al Departamento de Estado donde determina e identifica a los principales países de tránsito y producción de drogas del mundo, donde se incluye a Venezuela.
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La información fue divulgada a través de la página oficial de la Casa Blanca.
Lea a continuación el documento íntegro:
Por la autoridad que me confiere como Presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico la los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o del nivel de cooperación con los Estados Unidos. De acuerdo con la definición legal de un país importante de tránsito de drogas o de un importante país productor de drogas ilícitas establecida en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de control de estupefacientes rigurosas y diligentes.
Las drogas ilícitas infligen un daño enorme a la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien mi Administración ha logrado un progreso constante para detener la marea de la epidemia de drogas en nuestro país, las organizaciones criminales transnacionales desafían continuamente nuestro éxito al violar nuestras fronteras e inundar nuestra patria con estas sustancias mortales.
Estados Unidos está llevando la lucha contra estas organizaciones criminales y sus facilitadores a una escala sin precedentes. Este abril, inicié las operaciones antinarcóticos más importantes en décadas dirigidas al tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental mediante el despliegue de activos militares estadounidenses en el Comando Sur de los EE. UU. En cooperación con 22 aliados internacionales. Estas operaciones llevaron a la incautación de más de 80 toneladas métricas de cocaína y otras drogas peligrosas, lo que privó a las organizaciones criminales transnacionales de más de 1.800 millones de dólares en ganancias y alertó a los cabecillas de la droga de que estaban en la mira de Estados Unidos.
El cabecilla más cómplice de este hemisferio es el dictador venezolano Nicolás Maduro. En marzo pasado, un tribunal de Estados Unidos acusó a Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos
En respuesta, el Departamento de Estado de EE. UU. Anunció una recompensa de $ 15 millones por información que conduzca a su arresto o condena. Se unió a una multitud de otros compinches del régimen que están bajo acusación formal de Estados Unidos o fueron sancionados por delitos de drogas por el Departamento del Tesoro. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano, al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y trabajará junto con el legítimo Gobierno interino de Venezuela para detener el narcotráfico y erradicar los elementos criminales que han explotado a ese país. El narcorregión ilegítimo de Maduro debería enfrentar la justicia por sus crímenes.
Si bien llevar ante la justicia a criminales como Maduro sigue siendo una prioridad urgente, Estados Unidos también necesita que otros gobiernos del hemisferio occidental asuman una mayor responsabilidad en la reducción del suministro de drogas ilegales.
En Colombia, el presidente Iván Duque y su gobierno siguen siendo socios fuertes de los Estados Unidos, y las fuerzas policiales y militares colombianas han demostrado una gran valentía y compromiso al atacar a narcotraficantes de alto nivel, interceptar los cargamentos de drogas y erradicar manualmente la coca. Sin embargo, el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantienen en niveles inaceptablemente altos. Para alcanzar nuestro objetivo compartido de 5 años de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023, Colombia debe seguir adelante con la reanudación de la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta insustituible en el arsenal del gobierno junto con la erradicación manual y el desarrollo económico alternativo.
También es motivo de gran preocupación que el cultivo de coca y la producción de cocaína se mantengan cerca de máximos históricos en Perú, otro aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Perú es un valioso socio de las fuerzas del orden de los Estados Unidos y ha demostrado un compromiso continuo con la lucha contra todos los aspectos del tráfico de drogas. Hago un llamado al gobierno peruano para que reanude las operaciones de erradicación en las regiones productoras de coca de alto rendimiento del país, incluido el Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro.
Desde la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia contra las redes de tráfico de drogas ha aumentado durante el gobierno de transición de Bolivia. El gobierno de transición logró importantes avances en la interdicción de drogas y reanudó el procesamiento de solicitudes de extradición de narcotraficantes por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el cultivo de coca continúa excediendo los límites legales bajo las propias leyes internas de Bolivia para uso medicinal y tradicional, y el estado boliviano no ha tomado medidas suficientes para salvaguardar los mercados lícitos de coca del país de la explotación criminal. Si el gobierno boliviano, incluida su Asamblea Legislativa, toma medidas suficientes en el próximo año para remediar estas deficiencias y continúa el progreso logrado durante los últimos 10 meses bajo el gobierno de transición, consideraré eliminar a Bolivia de la lista de países que han fallado el próximo año. demostrablemente para cumplir con sus responsabilidades de control de drogas.
El año pasado, advertí que consideraría determinar que México no había cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas si no intensificaba sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, interceptaba las drogas ilícitas antes de que cruzaran la frontera hacia los Estados Unidos, aumentaba sus enjuiciamientos de narcotraficantes y apoderarse de sus activos, y desarrollar una estrategia integral de control de drogas. Este año, México aprobó con éxito reformas de decomiso de activos, aumentó las extradiciones de peligrosos narcotraficantes a los Estados Unidos, logró un progreso sustancial en completar su primer estudio sobre el rendimiento de la amapola en 17 años y elaboró ??una estrategia contra las drogas. Si bien estos son signos de progreso, se debe hacer más.
México sigue siendo la fuente de casi toda la heroína y metanfetamina incautada en los Estados Unidos y una ruta de tránsito para la mayor parte de la cocaína disponible en nuestro país. Además, los cárteles mexicanos se aprovechan de los controles desiguales de precursores químicos en México para fabricar drogas mortales, como el fentanilo, dentro de México y pasarlas de contrabando a Estados Unidos. Las interdicciones de drogas en México siguen siendo demasiado bajas frente a estas amenazas críticas de drogas. Estos cárteles presentan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano de ejercer un control efectivo sobre partes de su país.
México debe demostrar claramente su compromiso de desmantelar los cárteles y sus empresas criminales y hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos. México debe continuar extraditando a actores criminales clave, intensificar las investigaciones exhaustivas y la incautación de drogas y activos, e implementar un programa sólido de erradicación de la amapola basado en datos y vinculado al desarrollo alternativo sostenible. El gobierno mexicano debe reconocer la alarmante tendencia a la producción de fentanilo dentro de su territorio. Debe priorizar las acciones de aplicación de la ley dirigidas a la producción y el tráfico de fentanilo de los cárteles, la principal sustancia involucrada en las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, y fortalecer los esfuerzos dirigidos a los precursores químicos del fentanilo que se trafican de manera abrumadora desde China, así como al contrabando y la producción de fentanilo. También se debe hacer más para atacar la creciente producción de metanfetamina de los cárteles.
Estados Unidos sigue dispuesto a profundizar su asociación con México para abordar estos desafíos compartidos y agradece la oportunidad de desarrollar objetivos conjuntos de control de drogas con México e investigaciones bilaterales basadas en el intercambio transparente y abierto de información y pruebas de investigación que conduzcan a enjuiciamientos exitosos.
Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos estadounidenses, se enfrentan con valentía a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de que se descubra que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas.
De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado de manera demostrable durante los 12 meses anteriores en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y en tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, según lo requiere la sección 706 (2) (B) de la FRAA.
También he determinado, de acuerdo con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas estadounidenses que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela y al gobierno boliviano son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Está autorizado y dirigido a presentar esta designación, con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y publicarla en el Registro Federal.