Tras el revuelo que dejó la difusión del Informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, los venezolanos se mantienen a la expectativa sobre los pasos a continuación en términos diplomáticos que permitan adelantar acciones ante la crisis política en Venezuela.
Raylí Luján / La Patilla
“Sabemos que el informe es contundente, y fue elaborado por un grupo de independientes. La idea era precisar hechos e identificar responsables y es lo que ha ocurrido”, explica el internacionalista Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien ofrece un repaso por el escenario más técnico:
* El informe debe elevarse al Consejo de DDHH de la ONU: Este entra en sesiones desde el 14 de septiembre hasta el 6 de octubre, sin embargo ya tiene en su agenda diversidad de casos y aunque el venezolano de seguro será presentado, ve más factible que el estudio y adopción de decisiones concretas quedé para el siguiente período (febrero 2021)
* El informe como ya existe, los gobiernos del Consejo de DDHH pueden actuar y elevarlo a discusión en el marco de la Asamblea General que se celebra en Nueva York este mes de septiembre
* Algunos países miembros pueden elevarlo también al Consejo de Seguridad. Esta podría ser la instancia más complicada, porque cualquier debate va a implicar el veto de alguno de los 5 miembros permanentes, en particular China o Rusia
* La Corte Penal Internacional es otra instancia a la que el informe debe llegar, tal y como lo contempla el documento. La institución de la fiscalía de la Corte, representada por Fatou Bensouda, quien está de salida, se vería obligada a elevar el caso venezolano para su investigación. Aunque esto no significa que se asuma una posición, se investigará por parte de los jueces si procede este documento que es muy contundente sobre el hecho de existir delitos de lesa humanidad
Para el internacionalista Alejandro Sauce, luego de que se discuta en el Consejo de DDHH, donde los países tendrán cada uno sus observaciones sobre estos delitos imprescriptibles, la actuación por parte del Estado venezolano es fundamental, como incluso lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“El Estado está en la obligación de investigar. La fiscalía sobre todo, que debe activar sus órganos para investigar a fondo este informe. Es su oportunidad para que luego no sea él mismo (Tarek William Saab), como decía ayer el profesor Arteaga, cómplice por omisión consciente”, señala al sostener que desde el punto de vista diplomático también habría sido lógico que luego de desprestigiar el informe, tal y como resultó con el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, el titular Jorge Arreaza indicara que se examinaría el documento.
“Debió decir que iban a examinar el mismo para indagar sobre los responsables, habría sido la respuesta idónea, porque esto sigue generando una condición de aislamiento de Venezuela y de desconocimiento de los órganos de los que forma parte, como el Consejo”, añade.
Sauce también apunta que de no obtenerse una respuesta oficial, que pueda ser incorporada en los informes que desarrolla la misión de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, el Consejo tomará decisiones respecto a los delitos que no prescriben.
“Cualquier país puede iniciar después un proceso contra esos violadores de DDHH. Eso pudiera pasar pero sería atrevido afirmarlo hoy. Lo decidirá el Consejo y los países. Del propio informe deriva la sustanciación para un expediente”, advierte Sauce.
En ese caso, el profesor Luis Daniel Álvarez se hace la pregunta si efectivamente la actuación internacional produce algún efecto y aclara que aunque no se trata de “una salida de la noche a la mañana, porque se requiere elaboración y mucho más pormenorizada”, la contundencia de este informe conlleva a una presión que sube de escalones en la muestra de la realidad venezolana.
“El informe entonces tiene peso importante y ahí viene la voluntad de los países, que conociendo como se ha ido moviendo el escenario multilateral últimamente, es probable que algunos lo tomen, bien sea estructurales, individuales o bloques, como el Grupo de Lima o la misma Unión Europea, en torno a llevar al Consejo de Seguridad la situación que se viene presentando y presionar mucho más para ejecutar lo que se pide allí: investigaciones rigurosas y un reacomodo institucional, además del llamado a que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía abran averiguaciones y tenga un mecanismo de celeridad en todo esto, porque como muchos han planteado, la Fiscal de la CPI está en deuda con Venezuela”, puntualiza.
Álvarez además considera que el hecho de que se haya demostrado lo qué ocurre en el informe a través de fuentes legítimas y detalladas, y se haya puesto nombre y apellido a algunos involucrados, “se evidencia que hay una comunidad internacional muy preocupada, que ha empezado a asumir el tema de Venezuela ya como una realidad mucho más tangible”.