En la madrugada del 26 de noviembre de 2019, cinco funcionarios de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en la humilde vivienda de Yusbelia Ochoa, en uno de los barrios de Altagracia de Orituco, una ciudad del céntrico estado Guárico.
Por Andreína Itriago / eltiempo.com
Adentro dormían Ochoa, de 48 años; su único hijo, de 24; la pareja de este, de 19, y el hijo de ambos, con apenas 20 días de nacido.
Sin explicación alguna, al joven –quien según su madre se desempeñaba como soldador, no tenía antecedentes penales, tampoco estaba solicitado ni hacía parte de banda alguna– lo sacaron semidesnudo de la cama y lo arrodillaron afuera de la casa, con las manos amarradas y el rostro cubierto.
Adentro, mientras tanto, unos funcionarios zarandeaban e insultaban a las dos mujeres –la más joven de ellas con el recién nacido llorando en brazos–; otros revisaban sus pertenencias. No encontraron lo que buscaban, aunque nunca dijeron qué era, pero no salieron con las manos vacías.
Ochoa se dio cuenta después de que se llevaron el efectivo que tenían guardado. Pero poco le importó. Unas horas más tarde, y en circunstancias que aún desconoce, perdería algo mucho más valioso y que no podría reponer: a su hijo Jesús.
La última vez que lo vio con vida fue cuando lo montaron, aún encapuchado, amarrado y sin camisa, dentro de uno de los vehículos en los que habían llegado los funcionarios.
A ella, que no paraba de protestar por lo que estaba sucediendo ni de exigir explicaciones, se la llevaron en otro de los vehículos; y hasta un punto, pese a que la forzaban a mantener la cabeza abajo, pudo ver que iban uno detrás del otro. Pero luego el carro en el que iba su hijo se desvió y ella supo cuál sería el desenlace de la historia que ahora comparte con EL TIEMPO.
Unos meses antes, funcionarios del mismo cuerpo se habían llevado al hermano de uno de sus vecinos, a plena luz del día, de un bar, y lo encontraron muerto a la media hora en una vía pública.
Y, como esa, Ochoa conocía historias de otras presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un crimen que, para expertos locales, como Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), se ha “masificado, generalizado y hecho sistemático” en Venezuela desde 2014. Y lo dice, a este diario, alguien que ha documentado casos desde hace 31 años.
Se ha llegado al punto de que, en la actualización oral de la situación de los derechos humanos en Venezuela que hizo el viernes la alta comisionada, Michelle Bachelet, en el marco del 45.º período de sesiones del Consejo de DD. HH. de Naciones Unidas, esta manifestó su preocupación por los “altos números” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de julio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”, dijo Bachelet.
Sus palabras se suman, además, al informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, divulgado la semana pasada y presentado el miércoles pasado ante el Consejo de DD. HH. de la ONU, en el que se detallan once casos en los que la misión llega a la misma conclusión: que tiene “motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, principalmente en manos de la Faes, una fuerza policial que recomienda desmantelar “dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas”.
La “Faes no hace más nada, no hace ninguna otra labor que no sea asesinar”, insiste a este diario el exfiscal del Ministerio Público venezolano Zair Mundaray, hoy exiliado en Colombia, al tiempo que se refiere a un cuerpo sin formación ni inspectoría, con directivos “criminales” y que ha sido adoctrinado “conforme a unos postulados de orden interno y no de orden público”, de allí que –asegura– vea al ciudadano como enemigo. “Por eso es que asesinan”, acota.
Lo hacen siguiendo instrucciones de sus supervisores, según la misión de la ONU.
“Dos exoficiales de la Faes, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’ ”, se lee en el informe de más de 400 páginas, divulgado el 16 de septiembre.
Y lo hacen también con patrones, fácilmente identificables en la historia del hijo de Yusbelia Ochoa.
“Generalmente de madrugada, sacan a la gente viva de sus casas, desarmadas, y les ejecutan disparos lineales en el tórax, uno o dos. Esperan que la persona se muera, se llevan el cuerpo para decir que lo trasladan al hospital, modifican el sitio del suceso y redactan actas policiales donde dicen que hubo enfrentamientos armados”, dice Mundaray.
Ortega agrega, además, un patrón de violaciones asociadas a violencia contra la mujer y niños, al debido proceso, a allanamientos ilegales; también el robo de las pocas pertenencias que tiene la familia. Y luego –acota–, una característica fundamental: la obstrucción de la justicia y la manipulación de la evidencia.
Ochoa encontró el cuerpo sin vida de su hijo en la morgue de un hospital de su ciudad, luego de que los funcionarios la “ruletearan” hasta el amanecer, y unos familiares la rescataran en la vía pública en la que la abandonaron.
Las enfermeras le dijeron que el joven había llegado abaleado, sin signos vitales. Según pudo leer en un documento que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) pretendieron que firmara después de la autopsia de su hijo, los funcionarios habrían dicho que el joven murió en el marco de un enfrentamiento.
La de Jesús es una de las 11.328 ejecuciones extrajudiciales que Cofavic ha contabilizado desde 2012 hasta el primer trimestre de 2020. Casi la mitad de ellas, 5.125, habrían ocurrido entre 2017 y 2019, luego de que se creó la Faes (en 2016), y en el marco del estado de excepción que comenzó en 2015.
Así, parece minúscula la cifra de 70 funcionarios de este cuerpo élite que supuestamente han sido imputados por estar incursos en violaciones de DD. HH., según la información que ofreció el fiscal del régimen después de la publicación del duro informe de la ONU, el cual fustigaron desde el sector oficial.