A principios de septiembre, conocíamos el dato de que Australia contrajo su economía un 7% durante el segundo trimestre a causa de la epidemia de coronavirus. Esta noticia, que a priori no debería tener especial relevancia, adquiere una importancia enorme si tenemos en cuenta que se trata de la primera recesión que sufre el país oceánico desde 1991, cuando su economía se contrajo en dos trimestres consecutivos (1,3% y 0,1%, respectivamente). Esto significa que su PIB llevaba creciendo ininterrumpidamente durante prácticamente tres décadas, manteniendo su vigorosidad incluso durante la crisis financiera de 2008. Este año, si bien la epidemia de coronavirus ha puesto en pausa el crecimiento australiano, lo cierto es que las previsiones de caída de PIB para 2020 son de las “menos malas” de toda la OCDE, y en 2021 recuperará todo el terreno perdido, lo que pone de manifestó la extraordinaria resiliencia económica del país.
Un exitoso camino de reformas
La pujanza de Australia no es fruto de la casualidad, sino de un marco institucional y económico fruto de muchos años de ambiciosas reformas y que coloca al país en una posición de liderazgo. Concretamente, Australia se sitúa como la cuarta nación del mundo con mayor libertad económica, de acuerdo con el ranking elaborado anualmente por la Heritage Foundation, y que recoge elementos como la disciplina fiscal, la apertura comercial, la libertad de empresa, los derechos de propiedad, la carga impositiva o la flexibilidad laboral.
La mayoría de las reformas liberalizadoras que pusieron a Australia camino del éxito en los años 80 y 90, llegaron, en contra de lo que pudiera imaginarse, de mano de gobiernos de centroizquierda. El emblemático Bob Hawke encabezó el gobierno desde 1983 hasta 1991, y fue relevado por Paul Keating hasta 1996. Entre los dos, encadenaron 5 victorias electorales consecutivas para el partido Laborista.
Las reformas comenzaron en el ámbito comercial, con la aceleración de la senda de reducción de los impuestos a la importación, emprendida ya en 1973, llegando a menos del 5% de arancel dos décadas más tarde. Asimismo, se llevó a cabo una política de infraestructuras que desreguló el transporte y las telecomunicaciones, se privatizaron numerosos activos públicos con el fin de reducir la deuda y se redujeron los impuestos a individuos y empresas. En el ámbito laboral, en 1983 se puso en marcha el “Acuerdo de Precios e Ingresos”, que descentralizó las relaciones laborales y redujo el peso de la negociación colectiva. Ya en 1995, con la nueva Política Nacional de Competencia, se eliminaron miles de trabas y normas intervencionistas que restringían la competencia, y se eliminaron los monopolios públicos.
Sin embargo, la mayor y más sorprendente reforma emprendida en Australia fue la del sistema de pensiones, encabezada por Paul Keating. En 1992, se implementó una ley que hizo que todos los trabajadores pasaran a formar parte de un sistema privado de capitalización, el conocido como Superannuation. Este sistema, que se vino desarrollando desde los años 80 por parte de los sindicatos, consiste en unas cuentas individualizadas en las que los trabajadores van acumulando mensualmente un porcentaje de su salario, y que es desembolsado por las empresas. Estas contribuciones empresariales han ido incrementándose gradualmente, desde el 3% del salario inicialmente, hasta el 9,5% en la actualidad; y se situará en el 12% en 2025, sin contar las aportaciones adicionales que cada trabajador quiera hacer voluntariamente. A su vez, el dinero acumulado se deposita en fondos de inversión, que pueden estar gestionados por miles de entidades diferentes, logrando que el trabajador disponga de una gran variedad de productos para sacarle rentabilidad a su ahorro. Adicionalmente, el Estado asegura una pensión pública básica a cargo de los presupuestos (fondo de seguridad) que se concede solamente a aquellos ciudadanos con dificultades económicas o ingresos especialmente bajos.
El amplio consenso social alcanzado para poner en marcha este sistema, así como su continuidad en el tiempo, dice mucho del éxito del modelo privado de pensiones, y afianza la responsabilidad individual de los ciudadanos para manejar sus propias vidas. En este sentido, según una encuesta, casi el 80% de los ciudadanos australianos en edad de trabajar consideran que los mayores responsables de obtener una adecuada pensión de jubilación son ellos mismos, y no el Estado; cifra que es un más elevada si se pregunta a los ya jubilados o próximos a jubilarse.
Un círculo virtuoso
Considerando el sistema de pensiones australiano a nivel macroeconómico, este es, sin duda, la joya de la corona del país oceánico. Sumando todas las cuentas individuales de los trabajadores, el país acumula la cuarta mayor hucha de pensiones de todo el mundo, pese a que solo supone el 0,3% de la población mundial. En términos monetarios, este gran fondo suma alrededor de 2 billones de dólares estadounidenses, suponiendo más del 130% del PIB del propio país. Además, como hemos comentado, todo este ahorro acumulado no está estático, sino que se reinvierte en los mercados nacionales e internaciones con el fin de obtener una rentabilidad de cara a la jubilación.
Esta característica es, posiblemente, una de las claves del dinamismo económico de Australia, ya que supone que los ciudadanos están contribuyendo a financiar al tejido empresarial de su propio país, haciéndolo más competitivo, a la par que se benefician de manera directa del propio crecimiento de las empresas. Esta coparticipación empuja a la ciudadanía a seguir apoyando las facilidades regulatorias y la libertad económica de las que goza el país, lo que convierte el sistema en un auténtico círculo virtuoso de riqueza y prosperidad.
Las reformas no se detienen
Pese a que la mayoría de las reformas estructurales en Australia, incluida la de las pensiones, fueron impulsadas por el partido laborista entre la década de los 80 y los 90, lo cierto es que el país de los canguros no abandonó la agenda reformista en los años posteriores. En concreto, entre 1996 y 2007, tomo el control del país el Partido Liberal de Australia, encabezado por su líder John Howard, y en coalición con el partido conservador National Party of Australia. Si pudiéramos resumir esta década en una palabra, esta sería “austeridad”. La coalición promovió un ambicioso proyecto de estabilización fiscal a cargo del ministro de Hacienda, Peter Costello, que tenía el objetivo de volver a cuadrar las cuentas del país tras el déficit acumulado por la crisis de 1991 y que la prosperidad del país no se viera amenazada. Como resultado, Australia cosechó superávits presupuestarios prácticamente durante todos los años hasta 2008. Años después, en 2017, el propio Costello explicó algunas de las claves de su paquete de reformas: “dejamos claro desde el principio que buscaríamos oportunidades de ahorro en todos los ámbitos del gobierno, sin excepción. No había vacas sagradas: todas las partidas de gasto debían ser revisadas. Otra de las claves de nuestra estrategia fue insistir en la importancia de mantener una mayor lealtad entre jóvenes y mayores. Insistimos una y otra vez en que no podíamos hacer que los mayores se enriquezcan costa de cargar de deudas y más deudas a los jóvenes. En todo momento dejamos claro que la deuda de hoy son los impuestos de mañana”.
En definitiva, en las últimas décadas Australia ha llevado a cabo uno de los mayores programas reformistas de la historia reciente. Y lo han logrado mediante amplios consensos sociales, de manera ordenada, con sentido común y buscando la complicidad de partidos de todo tipo, de sindicatos, empresas, ciudadanos… El resultado no es otro que uno de los países más desarrollados del mundo, con una economía dinámica y próspera. Un auténtico ejemplo a imitar que nos lleva más de 40 años de ventaja. ¿Cuántos más tendremos que esperar para empezar a seguir sus pasos?
Este artículo fue publicado originalmente en Libre Mercado el 5 de octubre de 2020