Tras la entrada de Reino Unido en la Unión Europea, la repartición de las aguas fue casi total entre los británicos y sus vecinos europeos, una situación que puede dar un giro si Londres y Bruselas no alcanzan un acuerdo de Brexit.
“Si no hay un acuerdo, cada uno tendrá que conformarse con lo suyo”, asegura el Comité Nacional de Pescadores Marinos y Cultivos Marinos (CNPMEM), que representa a los pescadores franceses.
– Situación inicial –
Reino Unido posee, como el resto de países, una zona económica exclusiva (ZEE), que es de 200 millas a lo largo de sus costas, excepto cuando dos Estados están separados por una distancia menor como sucede entre Reino Unido y Francia en el canal de la Mancha, donde las aguas están delimitadas por el derecho internacional y varios criterios en función de la zona.
En la ZEE, ampliada a 200 millas desde la convención de Montego Bay, “se reconoce al Estado el derecho de reglamentar algunas actividades, entre ellas la pesca, y de limitarlas”, según el CNPEM.
– Después de la entrada de Reino Unido en la UE –
Cuando un país forma parte de la UE, estas ZEE deben ser compartidas con el resto de Estados miembros y administradas de manera conjunta. En esto consiste la política pesquera europea común, que las autoridades británicas aceptaron tras su entrada en el bloque.
En estas reglas existe, sin embargo, una sutilidad que afecta una zona de 6-12 millas marinas a lo largo del litoral en la que se mantiene un acceso “limitado y determinado según las normas de base de algunas embarcaciones de algunos Estados miembros, también a veces según algunas especies”, indica el CNPMEM.
Esto se debe al reconocimiento de actividades tradicionales, que ya existían antes del establecimiento de la política pesquera común.
Por ejemplo, los pescadores franceses tienen derecho a acceder a una quincena de zonas situadas en las 6-12 millas en aguas británicas.
– Lo que Londres rechaza –
Los dirigentes británicos denunciaron este principio de las 6-12 millas y ya no desean permitir estas actividades tradicionales, en vigor desde hace décadas o incluso siglos.
Pero varios gobiernos europeos critican esta posición ya que quieren mantener estos principios básicos para repartir las reservas pesqueras, establecidos desde 1964 con la Convención de Londres.
En el caso en que Londres y Bruselas no alcancen un acuerdo comercial posbrexit, el ejecutivo británico ya no tendría que reconocer las actividades tradicionales y podría decidir quién tiene derecho a acceder a sus aguas.
Según el derecho internacional, el mismo país costero decide los porcentajes de totales admisibles de captura (TAC) en función de la cantidad de reservas en el mar.
– Varias opciones –
No obstante, el derecho internacional exige a los británicos que “cooperen con otros Estados con los que comparten” reservas pesqueras, recuerda el CNPMEM.
“Reino Unido tendrá dos opciones: considera que sus TAC podrán ser pescados por toda su flota o decide que su flota no está capacitada para pescar una pequeña parte de estos TAC”, añade.
Si se diera esta segunda opción, entonces Londres podría dejar las especies que sobran en el agua o permitir que las capturen pescadores de otros países.
AFP