La ley antibloqueo del régimen de Nicolás Maduro no se puede diseccionar por elementos positivos o negativos, ya que es un artificio peligroso, demoledor, desconocedor de la democracia y que representa en sí mismo el derrumbamiento total del Estado de derecho venezolano.
Jesús Herrera || TheMoneyPost
Así lo sugirió el abogado tributarista y presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, en una entrevista exclusiva con TheMoneyPost.
“Esta ley no se puede diseccionar por aspectos positivos o negativos, o por áreas de aplicación en las distintas disciplinas donde podría tratarse. Es una ley absolutamente peligrosa, es el derrumbamiento total del Estado de derecho, representa los escombros de este tipo de Estado”, señaló.
“Hay que verlo en sentido global, no se puede decir si es positiva o no porque pretende desregularizar la economía, pretenden algunos privatizar. Lo importante es que demuele las bases del Estado de Derecho, como la separación de poderes (…) La AN que es el órgano por excelencia de mayor legitimidad, cumple un factor fundamental, esencial de control político y produce toda la normativa necesaria para que los órganos del Poder Público puedan estar sujetos al derecho”, apuntó.
Así, Palacios apunta que la antibloqueo “lo que hace es desconocer la AN y facultar al Ejecutivo a establecer formas o normativas de única y exclusiva pertenencia a la AN”.
“Al establecerse una forma de preeminencia de esta ley sobre todo el ordenamiento jurídico, implica en cierta medida la posibilidad del Ejecutivo de desaplicar o dejar sin efecto la normativa dictada por la AN o por el Ejecutivo, actuando dentro del marco desviado y exacerbado que se ha utilizado en los últimos años de las leyes habilitantes que solamente pudieran establecerse mediante el control ejercido por el TSJ o cualquier mecanismo alternativo reconocido por el ordenamiento jurídico vigente”, explicó.
Señala que la ley aprobada por la ANC controlada por el chavismo, busca obviar el control legislativo y el judicial y sobre todo “establecer mecanismos que contrarían la esencia del manejo de la administración pública como lo es la trasparencia y la rendición de cuentas, a pesar de que la ley establece un mecanismo de control posterior a la contraloría general de la república, y sabemos que ésta, como cualquier otro órgano del poder público, se encuentra secuestrado por el Ejecutivo nacional”.
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