Durante una audiencia de una de las numerosas demandas electorales presentadas por el presidente Donald Trump, el juez de una corte de Pensilvania le preguntó esta semana a un abogado de su campaña si había encontrado algún indicio de fraude entre las 592 boletas impugnadas.
La respuesta fue no. “Acusar a las personas de fraude es un paso muy grande”, dijo el abogado, Jonathan Goldstein. “Sólo intentamos terminar con las elecciones”.
Trump no ha sido tan cauteloso, y ha insistido sin evidencia alguna que le “robaron” los comicios, incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración.
El miércoles, Trump centró sus ataques en Filadelfia, el bastión demócrata que impulsó al candidato demócrata Joe Biden a rebasar el umbral de los 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda. El presidente acusó al funcionario electoral local, el republicano Al Schmidt, de ignorar “una montaña de corrupción y deshonestidad”. Twitter añadió una etiqueta a la publicación que decía que tal acusación de fraude electoral era un asunto contencioso.
Partidarios de Trump han interpuesto al menos 15 impugnaciones tan sólo en Pensilvania, en un intento por quedarse con los 20 votos electorales que otorga el estado. También se han presentado recursos legales en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan.
Hasta ahora la campaña sólo ha conseguido una pequeña victoria, permitiendo a sus observadores estar un poco más cerca de los trabajadores electorales que procesan los votos por correo en Filadelfia. Pero el litigio continúa, generalmente centrado en acusaciones de observadores electorales partidarios, que no tienen ningún papel de auditoría en la elección, de que puede haber sucedido algo malo, sin pruebas que lo respalden.
En la corte, sus abogados deben caminar sobre una delgada línea entre defender a su cliente y cumplir con su juramento profesional.
Expertos en ética legal y activistas en favor de la democracia han cuestionado la participación de los abogados en esta batalla, en momentos en los que Trump se aferra al poder y en que Biden echa a andar su agenda.
“Este podría ser un intento por tranquilizar el ego del presidente, pero tiene consecuencias para el mundo real y para personas de verdad”, dijo el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Loyola Justin Levitt, un ex funcionario electoral del Departamento de Justicia. “El intento de apaciguar el ego del presidente no es un crimen sin víctimas”.
Schmidt declaró a “60 Minutes” de CBS que el personal de su oficina ha recibido amenazas de muerte por el simple hecho de contar votos.
“Viéndolo de adentro hacia afuera, todo esto se siente perturbador”, dijo Schmidt en una entrevista transmitida el domingo. “Contar los votos emitidos antes o durante la jornada electoral por votantes elegibles no es un acto de corrupción. No es hacer trampa. Es democracia”.
Sin embargo, un número incalculable de votantes está aceptando las acusaciones de Trump de que se trató de una elección amañada, y han hecho donativos a un fondo para defensa jurídica.
El despacho de abogados Porter Wright Morris & Arthur, con sede en Ohio e involucrado en las demandas electorales, aparentemente suspendió su cuenta de Twitter el martes después de que se vieron inundados con ataques. La firma no devolvió mensajes enviados en busca de comentarios.
Un segundo despacho, Jones Day, dijo que no representaba a la campaña de Trump sino al Partido Republicano de Pensilvania, en un litigio ante la Corte Suprema en torno a la extensión de tres días para aceptar votos por correo.
A nivel nacional, la estrategia está en manos de aliados de Trump como Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente; el operador político David Bossie, quien no es abogado de profesión; y Jay Sekulow, un abogado principal durante el juicio político a principios de este año. Bossie recientemente fue diagnosticado con COVID-19.
El experto en derecho electoral Rick Hasen dijo que si Trump tuviera un caso sólido, esperaría ver la participación de reconocidos litigantes ante la Corte Suprema, como los exfiscales generales Paul Clement o Theodore Olson.
“Hay algunos nombres de abogados reconocidos que le indican a la Corte Suprema que algo es serio”, dijo Hasen, profesor en la Universidad de California, campus Irvine. En su lugar, “la campaña anunció que pondría a cargo a Rudy Giuliani y a David Bossie”.
El punto más bajo del esfuerzo sin duda llegó el sábado, cuando Giuliani dio una conferencia de prensa en las afueras de Four Seasons Total Landscaping en Filadelfia justo después de que Biden fuera proclamado presidente electo. Se sospecha que quiso reservar una sala de la famosa cadena de hoteles, pero una confusión lo habría dejado en un terreno inusual.
Parado a la sombra de una tienda de sexo y un crematorio, justo al lado de una prisión estatal, Giuliani llamó a un observador electoral para que dé su testimonio sobre presuntas irregularidades en la ciudad. Los observadores políticos que sintonizaron desde la cercana ciudad de Trenton, Nueva Jersey, reconocieron inmediatamente al testigo como un delincuente sexual convicto y candidato permanente a un cargo público.
En otro momento de gran confusión, mientras la campaña intentaba detener el recuento de votos en Filadelfia la semana pasada, un juez trató de llegar al fondo de una queja republicana sobre el acceso de los observadores a la sala donde los trabajadores electorales estaban procesando las papeletas de voto por correo.
“Le pregunto, como miembro del colegio de abogados de este tribunal, ¿están las personas que representan a Donald J. Trump para presidente (de la campaña) en esa sala?” El Juez de Distrito de los Estados Unidos Paul S. Diamond preguntó, para confirmar que sí hay observadores.
“Hay un número no cero de personas en la sala”, respondió el abogado de la campaña Jerome Marcus, sin poder negar que los veedores estaban, pero sin querer dar el número exacto.
Diamond hizo que ambas partes forjaran un acuerdo y amenazó con acusarlos de desacato si no mantenían la paz.
Algunas de las demandas presentadas en nombre de Trump parecen haber sido lanzadas apresuradamente, con errores de ortografía, errores de procedimiento y poco para respaldar sus demandas. Los jueces han sido escépticos.
En Michigan, la juez Cynthia Stephens desestimó una presentación como “inadmisible de rumores dentro de rumores”. Cuando los abogados de Trump apelaron, el siguiente tribunal rechazó la presentación como “defectuosa”.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, insiste en que el presidente está “100% en su derecho” de investigar las acusaciones de fraude y seguir sus opciones legales. El Fiscal General William Barr ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar “alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades”.
De cualquier manera, los expertos dudan que las demandas puedan revertir el resultado en un solo estado, y mucho menos la elección. Los asesores y aliados de Trump han admitido en privado, sugiriendo que las impugnaciones están diseñadas más para alimentar su base.
(Con información de AP/Por Maryclaire Dale y Alanna Durkin Richer)