Por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida calificada en grado de continuidad, uso de documento público falso, falsa atestación ante funcionario público, uso de sello falso previsto y agavillamiento fueron privados de su libertad Abelardo Mezzoni Sifontes y Juan Antártica, tras la venta de inmuebles y apoderarse de dinero en divisas sin concluir las edificaciones del conjunto residencial “Mirador Los Samanes”, ubicado en Las Minas de Baruta.
La audiencia de presentación celebrada este martes tuvo una duración de aproximadamente dos horas, donde el juez Ronald Maizon escuchó a todas las partes, y admitió la precalificaficación de la fiscal onceava con competencia plena abogada Nelly Sánchez Pantaleón.
Adicionalmente, el titular del tribunal primero de control acordó “medidas innominadas de prohibición de enajenar y gravar por cuenta de los aprehendidos, y sobre los inmuebles de la asociación civil Mirador Los Samanes. Adicionalmente, nombró una administradora “ad hoc” a los fines de realizar una auditoría sobre los pasivos y activos de la gestión a los efectos de verificar los delitos imputados.
El juzgado también inhabilitó a los imputados para ejercer funciones de junta directiva y acordó la privación judicial preventiva de libertad en vista que otra de las imputadas Nancy Chacón se encuentra en fuga.
Sin embargo, una fuente judicial informó que en menos de 24 horas una sorpresiva decisión llevada a cabo por otro juzgado distinto al que lleva la causa (segundo de control), a cargo del juez Giovanni Chávez (accidental) realizó una revisión de medida y otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario para Juan Antar y Abelardo Mezzoni, a sabiendas que Nancy Chacón sigue prófuga de la justicia.
El informante indicó que “No se descarta la llamada de algún alto funcionario del poder judicial, que haya dado la orden para adecuar una decisión más amoldable”.
Por su parte la fiscalía 11 se mantiene a la espera de la notificación y no se descarta una apelación en el proceso que sigue el Ministerio público a través de su nomenclatura MP-55447-2020, caso: Asociación Civil “Mirador los Samanes”.
Hasta el momento, se desconoce las razones legales por las que se dio una revisión de medida inmediata sin que las partes tuvieran conocimiento, en un proceso dónde se estima que hay más de 300 familias afectadas.