Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe. Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela, que bajo la “revolución bolivariana” sedienta de dólares los mercadea como destinos de un nuevo turismo cinco estrella
MARÍA ANTONIETA SEGOVIA // ARMANDO INFO
Bajo sus insólitas aguas azul turquesa habita un santuario de fauna marina y una espectacular barrera de arrecifes coralinos llenos de peces de colores. Más de 300 islas y cayos que conforman el archipiélago revelan en el Parque Nacional de Los Roques los misterios de una de las fantasías orgánicas más maravillosas del mundo, reservorio de 307 especies de peces, 92 tipos de aves y cuatro de tortugas marinas.
A esta clásica postal, referencia obligada cuando se habla de los lugares más únicos y atractivos de Venezuela, la afea hoy un conjunto de armazones de concreto revelador de la nueva política de turismo del gobierno venezolano, que hace énfasis en la promoción de un turismo premium en zonas protegidas. Es tal la importancia que le da el gobierno a este destino que el pasado 16 de septiembre autorizó operaciones aéreas nacionales solo en los aeropuertos Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, Aeropuerto Caracas y en el Aeródromo El Gran Roque, tras ocho meses de restricción de operaciones en todo el territorio nacional, debido a las medidas de confinamiento por la Covid-19.
Ocho nuevas estructuras dan la bienvenida a los visitantes cuando estos apenas aterrizan en la corta pista de aterrizaje de la isla de Gran Roque, la única habitada del archipiélago, a 176 kilómetros al norte de Caracas. Las llamativas construcciones son proyectos privados en desarrollo al que la controversia ha marcado desde su inicio, tanto por la exclusividad y lujo de sus instalaciones como por la violación evidente de la normativa ambiental que protege al parque nacional, el único marino del país.
El presidente de Inparques para el momento de inicio del proyecto, Jorge Alejandro Medina Murillo, pasó por alto, para concederle el permiso, una decena de regulaciones ambientales y todas las restricciones para el uso de áreas próximas a aeródromos establecidas en las leyes de aeronáutica civil.
Las edificaciones, de dos pisos y medidas superiores a las dimensiones permitidas en el Plan de Ordenamiento del vedado, fueron autorizadas por el Instituto Nacional de Parques (Inparques) en la cabecera noreste de la pista de despegue, un terreno prohibido y peligroso que, en compensación, otorga a los selectos propietarios el privilegio de un club cerrado, al que solo se accede por vía marítima.
Las obras, ya adelantadas, destruyeron los manglares en el área para construir los puertos privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista de aterrizaje y al sur con el mar.
Para vencer las barreras naturales se construyeron espigones o malecones con rellenos de materiales sólidos arrojados al mar tras cortar y destruir los manglares, hacer movimientos de arena y relleno de lagunas. “Construir a orilla del mar, talar y rellenar manglares es un ilícito ambiental”, detalla José Ramón Delgado, oceanógrafo y director de la Fundación Caribe Sur, una iniciativa que promueve la creación del Primer Corredor Ecológico Marino de Venezuela, que abarcaría los archipiélagos de Las Aves, La Orchila y Los Roques.
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