Los jueces archivan el 90% de las denuncias interpuestas por la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, que han intervenido cientos de permisos de conducir fraudulentos
Por El Confidencial
La operación permanente contra los permisos de conducir falsificados de venezolanos que lleva desarrollando desde hace meses la Policía Nacional, que intervino casi 300 en las jefaturas de tráfico, y la Policía Municipal de Madrid, que ha triplicado las incautaciones, ha encontrado un freno inesperado para ambos cuerpos de investigadores. El 90% de los procesos judiciales abiertos contra quienes son interceptados con estos carnés fraudulentos por los delitos de falsedad documental y conducción sin la licencia reglamentaria termina en archivo. Así lo explican fuentes policiales y confirman los representantes legales de gran parte de los acusados, que incluso han aportado a El Confidencial varias de estas resoluciones judiciales.
“Debo absolver y absuelvo a (…) en relación al delito de falsedad en documento oficial de los artículos 390.1.1º y 392 del Código Penal y en relación al delito contra la seguridad vial por conducción sin permiso del artículo 384.2 segundo inciso del Código Penal del que venía siendo acusado con todos los pronunciamientos favorables y declaración de las costas procesales de oficio”, determina una de estas sentencias emitida, por un juzgado de lo Penal de Madrid cuyo espíritu se recoge en todas las otras que igualmente desestiman las denuncias interpuestas por los organismos policiales competentes.
Las sentencias, además de sobreseer las causas, ordenan a la autoridad policial devolver los permisos de conducir a sus propietarios, lo que permite a estos últimos volver a tener la documentación y seguir trabajando, ya que la inmensa mayoría de estos venezolanos pillados con carné falso se dedican al reparto de comida a domicilio para empresas como Glovo o Deliveroo.
Las resoluciones judiciales argumentan que no hay cabida para el reproche penal, debido a que todos los ‘riders’ cazados en esta situación aparecen en la base de datos del Ministerio de Transportes bolivariano como personas que disponen de carné de conducir.