Además de la calamidad que significa para la mayoría de los inmigrantes venezolanos residenciados en Nueva York haber huido de una espantosa crisis humanitaria, el cierre de la sede consular de ese país en Manhattan entraña otro dramático escollo para una comunidad que en los últimos cinco años, de manera ascendente, tiene más presencia en todos los rincones de la Gran Manzana.
Técnica y jurídicamente un grupo de venezolanos “no existe”, o por lo menos, no tienen una prueba válida que certifique su existencia.
Desde marzo del 2019, estos suramericanos constituyen los únicos hispanos de la ciudad de Nueva York que tienen cerrada por completo la puerta a una serie de trámites consulares, que entre otros aspectos, les impide la renovación o extensión de pasaportes, un soporte clave para que un extranjero pueda acreditar su nacionalidad e identidad.
Todo es complicado cuando este ‘pequeño librito’ no se tiene a la mano y se está ademas en un proceso de regularización migratoria.
En una reciente encuesta informal en redes sociales, realizada por el portal venezolanosennewyork, el 80% de los 142 comentarios están vinculados a denuncias sobre la imposibilidad de obtener licencias de conducir, abrir cuentas de banco y acciones básicas para “sobrevivir”.
El 15% del grupo restante compartió señalamientos de cómo fue “estafado”, al intentar hacer trámites en esa instancia antes del 19 de marzo de 2019, momento en el cual muchos celebraron que esa sede en Nueva York , catalogada como la “joya de la corona” de la diplomacia venezolana, pasó a manos del gobierno de Juan Guaidó quien fue reconocido por Estados Unidos como presidente interino.
Pero la emoción de estos ciudadanos duró muy poco.
Más allá del acto de “toma simbólica” del edificio consular ubicado al lado de la Catedral de San Patricio en la Quinta avenida de Manhattan y de la “expulsión” del personal diplomático de Nicolás Maduro, considerado por la Administración Trump como “usurpador del poder”, desde ese momento, la instalación está cerrada, sin funcionarios visibles y sin ninguna utilidad concreta para los venezolanos.
“Peor el remedio que la enfermedad”
Así lo valida el activista Robert González, presidente de la organización ‘Diálogo por Venezuela’, receptor de quejas que grafican cómo este “limbo consular” ha sumado “consecuencias que desafían cualquier descripción” al negarse a este grupo el derecho humano de la identificación.
“En resumen, como decimos en criollo, fue peor el remedio que la enfermedad. Nuestra comunidad se siente desamparada y también traicionada. No es que antes tuviéramos en manos del gobierno usurpador servicios consulares ejemplares. Pero ahora es la política del silencio. Es un sitio inútil que le está generando gastos al país”, precisó González.
Ante la imposibilidad técnica y operativa que ha mostrado el gobierno interino de Venezuela de emitir documentos, desde el pasado 21 de mayo de 2019 se pactó con los países que reconocen el gobierno de Guaidó que los pasaportes venezolanos vencidos tienen automáticamente una extensión por cinco años, a partir de la fecha de expiración original o de su prórroga. Sin que sea necesario ningún trámite adicional.
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