Ninguna región de Estados Unidos evoca más la fantasía de los extranjeros que California. Hogar de Hollywood, Silicon Valley y Napa Valley, entre muchos otros atractivos. Si California fuera un país, sería la quinta economía del mundo. El sueño cinematográfico californiano, sin embargo, contrasta fuertemente con la pesadilla que sus ciudadanos experimentan día a día. Tras décadas de gobiernos demócratas, California se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo políticas de izquierda ‘progresista’ pueden llevar a la decadencia a un motor de progreso que parecía imparable.
Ninguna ciudad refleja mejor esa decadencia que San Francisco, gobernada por demócratas de izquierda radical donde el municipio gasta 185 mil dólares al año nada más que en recoger los excrementos humanos de sus calles principales. Sus políticas progresistas impiden construir, haciendo que una casa en un barrio de alta criminalidad de 90 m{+2} cueste en promedio 1,1 millones de dólares, contra 250 mil que costaría una casa similar en un barrio de baja criminalidad en Denver o 174 mil en Atlanta. Entre otros resultados, estas políticas han llevado a que 17 mil personas vivan en las calles solo en San Francisco y a que haya más adictos a las drogas en la ciudad que estudiantes de secundaria.
Pero estos problemas se extienden por todo el Estado. El condado de Santa Clara, por ejemplo, debería gastar mil millones de dólares en vivienda básica para familias de bajos ingresos de un total de 8 mil millones de su presupuesto anual, debido al costo inabordable de construcción. Como consecuencia de las regulaciones que impiden la existencia de un mercado inmobiliario fluido, California ocupa el puesto 49 en nuevas construcciones entre los 50 estados. Sus normativas obligando a incluir fuentes de energías renovables en las nuevas construcciones, en tanto, han elevado el costo de cada vivienda en un promedio de 40 mil dólares, cuestión que no es problema para los billonarios que buscan sentirse bien sobre el cambio climático, pero sí lo es para la gran mayoría que en ciudades como Los Angeles debe pagar hasta el 50% de su ingreso en arriendo.
No es casualidad que, en 2019, 650 mil personas emigraran a otros estados y que en la suma neta California pierda un promedio de 200 mil habitantes por año, quienes normalmente se radican en estados republicanos. Además de un costo de vida exorbitante por sus regulaciones, California es el estado que tiene el mayor impuesto marginal a la renta personal, el mayor impuesto a la venta (sales tax) y el tercer impuesto corporativo más alto en todo Estados Unidos. En términos generales, solo hay diez estados de la unión que tienen una carga tributaria total mayor que California, que también es el tercer estado con la carga regulatoria más alta del país. Con 13 a 14 dólares por hora dependiendo del tamaño del negocio, California tiene, además, uno de los salarios mínimos más altos. Todo esto, por supuesto, no sería posible sin un ambiente hostil a la actividad empresarial derivado de la ideología progresista que domina el mundo intelectual, cultural y político y que busca proteger a todos de los ‘abusos empresariales’. Esta ideología de izquierda ha llevado a que California exhiba el puesto 50 entre 50 estados en términos de clima para hacer negocios el año pasado y que entre 2009 y 2016, 17 mil negocios abandonaron el lugar.
Una emprendedora tecnológica llamada Erica Douglas se mudó a Texas publicando la siguiente nota que refleja el problema de fondo de la mentalidad ‘progresista’: ‘Querida California: Te estoy dejando. He luchado con un gobierno que es notoriamente hostil a los negocios, con todo, desde altos impuestos sobre las ganancias hasta acosando a las empresas para que trabajen más para cumplir con la burocracia. Pagué lo suficiente en impuesto a la renta en California en solo un año como para contratar a otro trabajador para mi negocio. Y me cobras 800 al año como tarifa de corporación, cuando la mayoría de los estados cobran solo unos pocos dólares’. Son estas políticas de izquierda las que han hecho de California el estado con la mayor tasa de pobreza en Estados Unidos, el número 47 en congestión vehicular y el de mayor tasa de indigencia del país. Además, los californianos ven permanentes cortes de suministro eléctrico, escasez de agua e infraestructura derruida a pesar de los más de 200 mil millones de dólares que el estado gasta anualmente. Pese al monumental gasto, el 75% de los acueductos datan de hace más de 75 años, los californianos tienen las peores carreteras del país y el 80% de los colegios carecen de mantenimiento básico. La razón es que el gobierno gasta el 90% del dinero en ‘derechos sociales’ como educación y salud, también sin efecto positivo considerable. Así, más del 60% de los niños son deficientes en matemáticas, en un estado en que los profesores gozan de la protección de un estatuto docente que hace casi imposible despedirlos. Se podría añadir una larga lista a los fracasos de California, pero la conclusión es evidente: las políticas y el discurso de izquierda, incluso aplicados a un motor económico, generan decadencia y parálisis. Chile, hoy atrapado por la tentación populista y la mentalidad anticapitalista, debería tomar nota de este caso, más aún cuando se tiene presente que en nuestro país, a diferencia de California, el pozo al que podemos caer no tiene fondo.
Este artículo se publicó originalmente en Fundación para el Progreso el 4 de diciembre de 2020