El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen. Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos.
Por ROBERTO DENIZ / armando.info
Hasta hace un año Luis Parra era un auténtico desconocido para los venezolanos, a pesar de haber conquistado en las elecciones de diciembre de 2015 una curul de la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy. Apenas mantenía alguna relevancia en la agenda pública de esa entidad del centrooccidente del país mientras en Caracas se confundía en el lote de diputados levantamanos en el parlamento dominado por la oposición.
Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que salieran a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión que van más allá del caso Saab.
El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores. Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.
Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados, que con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.
Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecía la firma de seis de esos parlamentarios más la de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.
Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último. Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.
“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, la jefa de correspondencia de la Comisión de Contraloría. “Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria Angilibel Santiago en una entrevista realizada el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.
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