Por tercer año consecutivo Venezuela registró una elevada tasa de inflación, que se según estimaciones hasta noviembre se ubicó en 4.087%, con lo cual persiste la situación de hiperinflación que ha caracterizado la economía venezolana desde noviembre de 2017. Las acciones del BCV con el objeto de contener el alza de precios han fracasado rotundamente en la medida que la efectividad del encaje bancario de 100% para procurar estabilizar el tipo de cambio y de esta manera tratar de mitigar el alza de precios, no ha sido efectiva. Contrariamente, esa política de encaje ha provocado una restricción sin precedentes del crédito bancario, todo lo cual ha contribuido a profundizar la recesión de la economía.
Después de haber exhibido una relativa estabilidad del tipo de cambio, a partir de septiembre la depreciación de la tasa de cambio se aceleró de manera significativa, que en un entorno de elevada dolarización transaccional, se transfirió rápidamente hacia los precios, creando un efecto de sobrerreacción de éstos ante el deslizamiento del tipo de cambio, configurando una situación donde la tasa de incremento de los precios excede a la de la tasa de cambio. Por tanto, el tipo de cambio nominal se ha atrasado creando una situación en la cual es de esperarse nuevos ajustes del tipo de cambio de acuerdo con la inflación, con lo cual se genera un círculo de vicioso que va de la depreciación del tipo de cambio y sus efectos sobre los precios y de éstos hacia el tipo de cambio.
La situación fiscal se ha agravado por un fenómeno que no se había visto en Venezuela y es la virtual desaparición de la contribución fiscal petrolera como consecuencia del efecto combinado de la disminución efectiva de las cotizaciones del petróleo, provocada tanto por la reducción de los precios nominales de los hidrocarburos como por los descuentos que se conceden a los compradores y el elevado costo de los fletes en vista de los nuevos mercados localizados básicamente en Asia. Todo ello, unido al derrumbe de la recaudación del IVA debido a la baja del consumo, ha afectado sensiblemente las finanzas públicas. En estas circunstancias, el financiamiento inflacionario del BCV se ha incrementado, especialmente desde septiembre, añadiendo presión sobre el tipo de cambio y los precios.
Una actividad económica destruida
Durante 2020, la actividad económica ha mostrado una caída estimada en 50,4%, hasta el tercer trimestre de 2020, según el Indicador Mensual de Actividad Económica. El principal factor que ha motorizado la caída de la actividad económica ha sido la producción petrolera, la cual denotó una contracción de 43% en octubre de 2020 respecto a similar mes de 2019, la cual arrastró a los a sectores conexos a esa actividad como son los casos de la metalmecánica, química y servicios, entre otras.
Un factor fundamental que contribuyó a debilitar la producción fue la Covid19. Efectivamente, desde abril de 2020 con la declaratoria de emergencia sanitaria, el cierre de buena parte de los establecimientos industriales y comerciales significó la paralización de renglones productivos donde no era posible el trabajo digitalizado, principalmente en la manufactura y el comercio. La incidencia de la Covid19 fue doble: por una parte afectó la cantidad del tiempo trabajado y por tanto el producto generado y por la otra, la demanda agregada se resintió debido a la reducción del ingreso nacional disponible de la economía para conformar una contracción pronunciada de la actividad económica. Con los actuales niveles de salario, no parece factible una recuperación de la economía, por la debilidad del consumo que ello involucra.
Avanza la dolarización
Conforme la hiperinflación se consolida, la sustitución monetaria ha tomado una fuerza inusitada a lo largo de 2020. De acuerdo con la firma Ecoanálitica, el 65,9% de las transacciones de la economía en noviembre de 2020 se realizó en dólares. La dolarización financiera, de activos y pasivos bancarios, no parece ser de una magnitud relevante, principalmente en lo que se referee al crédito bancario, no obstante la indexación de la cartera de crédito al movimiento del precio del dólar.
La dolarización ha sido la respuesta natural de la economía ante la destrucción del sistema monetario y del bolívar y como consecuencia de ello éste ha perdido sus atributos como moneda. El bolívar ha quedado reducido al pago del transporte colectivo y de algunos servicios públicos. Igualmente, la dolarización ha significado una ampliación de la desigualdad entre los venezolanos, por cuanto aquellos sectores que reciben ingresos en divisas tanto por trabajo como por remesas han podido sostener medianamente su nivel de consumo, a diferencia de aquellos que no perciben divisas y cuyo consumo se ha desplomado. La caída del consumo privado durante 2020 se estima en 25%, declinación ésta que no ha podido ser compensada con la entrada de capitales producto de las remesas y otros ingresos.
Venezuela requiere un nuevo modelo económico
El fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI es evidente. Sus resultados han sido la hiperinflación, una contracción sin precedentes de la actividad económica y la profundización de la desigualdad entre los venezolanos haciendo al país más inequitativo. Dejar atrás al socialismo del siglo XXI significa romper con la visión estatista de la economía y abrir decididamente espacios al sector privado, pequeño, mediano y grande, el respeto a los derechos de propiedad y la prevalencia del Estado de derecho.
Un plan para recuperar la economía venezolana debe partir de los siguientes objetivos, a saber: detener rápidamente la hiperinflación, sentar las bases para la recuperación de la actividad económica y mejorar la inclusión social. Para el logro de estos objetivos es fundamental el financiamiento externo de la mano de un gran acuerdo en torno a un programa de reformas económicas apoyado por los organismos multilaterales de crédito, para así proveer a la economía de dinero fresco y evitar el financiamiento inflacionario del BCV que fue lo que provocó la hiperinflación. Conjuntamente con ello debe diseñarse una regla fiscal que contemple el déficit fiscal admisible y sus fuentes de financiamiento. Sobre la base de esta propuesta fiscal, debe aplicarse una reforma monetaria para sustituir al bolívar por una nueva moneda nacional, la cual tendría una relación estable con el dólar para que sirva de ancla de la economía y así facilitar la derrota de la hiperinflación.
La reactivación de la economía a corto plazo inevitablemente va de la mano del aumento de la producción petrolera para lo cual hay que incentivar la extracción de crudos mediante la inversión privada en vista de la bancarrota de PDVDA y su imposibilidad de contar con flujo de caja para apuntalar la formación de capital. Ello requiere de cambios institucionales debido al daño que causó la política de estatización de las empresas en 2007 y la destrucción del sector proveedor de servicios a la industria petrolera.
Igualmente se requiere una nueva política para incentivar a la banca para que retome su rol de intermediador financiero, mediante la capitalización del sistema y de esa manera apalancar a sectores fundamentales tales como el manufacturero y la construcción. Es la industria manufacturera la que puede aportar los bienes para recomponer las exportaciones con miras a la diversificación que debe encarar la economía en el futuro próximo debido a las nuevas realidades del mercado de los hidrocarburos.
En materia social, hace falta un programa masivo de ayuda a los hogares en situación de pobreza, mediante transferencias directas a las familias, al igual que un plan amplio de soporte a los niños en la escuela y con servicios sanitarios de forma tal que prosigan en el sistema educativo y se formen para el trabajo. Para este propósito es fundamental la cooperación internacional. Todo lo anteriormente expuesto se facilitaría con un gran acuerdo político que contribuya a alcanzar un consenso básico encaminado a sacar a Venezuela de la tragedia en la que está sumida.
Nota de prensa