Cientos de trabajadores rurales mantenían bloqueada este martes, por segundo día consecutivo, varios tramos de la carretera Panamericana en Perú para exigir al Congreso una nueva ley laboral agrícola que les otorgue mayores ingresos, mientras que el parlamento se reunía bajo presión en pos de un acuerdo.
Los bloqueos con piedras y neumáticos quemados tienen varados a centenares de buses y camiones con alimentos, que permanecen inmovilizados desde el lunes en varios tramos de la carretera en la regiones de Ica (sur) y La Libertad (norte).
El gobierno envió unos 2.000 policías antimotines para despejar las vías. Los agentes usaron gases lacrimógenos y escudos, lo que desencandenó una batalla campal con los manifestantes, que les lanzaban piedras.
En la región Ica, el choque entre la policía y los trabajadores dejó cuatro uniformados heridos en la cabeza por impacto de piedra y cinco trabajadores detenidos.
Hacia el mediodía, no había señal de que los bloqueos fuesen a ceder.
“La orden es clara, vamos a restablecer el libre tránsito en el lugar”, dijo a la prensa el jefe de la policía, César Cervantes.
“Si bloquean, desbloquearemos, no se les puede permitir el bloqueo”, agregó.
Las protestas se reanudaron el lunes luego que el Congreso no pudiera aprobar el domingo la ley que reclaman los trabajadores agrarios desde inicios de diciembre.
“Han pasado quince días y el Congreso no hizo nada para solucionar nuestros reclamos”, dijo a la prensa la secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), Paulina Velásquez.
Los trabajadores exigen que las empresas agroexportadoras les incrementen su jornal de 11 a 18 dólares diarios, pero para ello se requiere un nuevo régimen laboral agrario que solo el Congreso puede aprobar.
El Congreso había derogado el 4 de diciembre una ley agraria que los trabajadores consideraban perjudicial y prometió una nueva, dando paso entonces a una tregua.
La huelga de los trabajadores rurales ha dejado dos muertos desde que estalló a inicios de diciembre. Es el primer conflicto laboral bajo el nuevo gobierno de Francisco Sagasti, quien asumió el poder hace cinco semanas, el 17 de noviembre.
AFP