Más allá de su conocida devoción por el loro orejiamarillo, sus compañeros recuerdan a Gonzalo Cardona, el primer líder ambiental asesinado este año en Colombia, por su defensa de la palma de cera, su pasión por el gélido río Cucuana y su servicio a una comunidad a la que heredó el cuidado de sus propios recursos naturales.
Cardona, oriundo de Roncesvalles, un pueblo del departamento de Tolima (centro), dedicó 20 años de su vida a la conservación del loro orejiamarillo, una especie en peligro de extinción cuya protección lideró incluso cuando las amenazas de bandas criminales amenazaban con silenciar su voz.
Esta semana las amenazas contra el loro se extendieron a su cuidador. “En ocasiones había sido intimidado por muchos bandos incapaces de comprender su amor por la especie y su desinterés en la política. Los eternos enemigos de la paz asumieron que él tenía otros motivos, cuando simplemente estaba impulsado a hacer algo diferente”, recordó en su obituario la Fundación ProAves, en la que trabajaba.
El asesinato del llamado “guardián del loro orejiamarillo” expone una vez más el riesgo que supone ser defensor del medio ambiente en un país en el que en 2020 fueron asesinados más de 100 líderes sociales, crímenes con los que grupos armados siembran el terror en las profundidades de Colombia.
“Perdemos una ruta, una forma de vivir y de pensar diferente. La fortaleza que teníamos con Gonzalo es que él era un campesino de las montañas del Tolima que entendía muy bien los procesos y la importancia de la conservación de sus propios recursos naturales”, expresó a Efe el director de conservación de ProAves, Alexander Cortés.
Para las organizaciones ambientales del país resulta todavía inverosímil que el costo para los líderes ambientales que defienden la vida en Colombia sea perder la propia. El cuerpo de Cardona, asesinado por desconocidos en una zona rural del Valle del Cauca (suroeste), fue encontrado el martes pasado, cuatro días después de haber sido dado como desaparecido.
Cardona, coordinador de la reserva ambiental ProAves Loros Andinos, en la Cordillera Central, se opuso a todo lo que amenazara la existencia del loro orejiamarillo: su caza y la destrucción de su hábitat.
“Lo hizo de una manera carismática en un momento de inmenso peligro e incertidumbre. Constantes batallas y escaramuzas entre militares y guerrilleros lo colocaban en situaciones que amenazaban su vida, pero lo más importante para él era que los loros estuvieran a salvo”, recordó ProAves.
RIESGOS LATENTES
Con el aumento de crímenes contra líderes, las organizaciones de derechos humanos de Colombia esperan que el asesinato de Cardona no marque el inicio de otro año sangriento para estos activistas.
Tan solo en 2019, América Latina fue la región más peligrosa para los defensores de la tierra y Colombia encabezó, con 64 asesinatos, la lista, según un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado.
Estos 64 crímenes, de los cuales 14 estuvieron relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, duplicaron la cifra de los documentados en 2018, marcando un triste récord en los registros de la organización en Colombia.
Las amenazas contra los defensores ambientales se han vuelto más evidentes en los últimos años, como ha advertido Naciones Unidas, entre otras causas, por el incumplimiento del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC y los desafíos que persisten en la implementación de puntos clave como la sustitución de cultivos ilícitos.
ENTRE LAS BALAS Y LA RESISTENCIA
Cardona era tan admirado y respetado por su comunidad que cuando la fundación denunció su desaparición, fueron los vecinos del área los primeros en salir a buscarlo.
“Gonzalo fue un símbolo sin proponérselo. La comunidad está muy dolida y todos lo están esperando para darle el último adiós. Lo importante es que tenemos la confianza de que esos loros, esos ecosistemas y esos bosques van a seguir de pie porque la gente ha creído en el llamado de Gonzalo”, dice Cortés.
En la montaña donde Cardona ejerció su liderazgo hoy se respira miedo. Las comunidades temen que quienes lo acribillaron se ensañen contra otros guardabosques de la región, por lo que urgieron una intervención de organizaciones internacionales de derechos humanos.
“Nos duele en el alma (la muerte de) Gonzalo, pero también nos duelen los otros valientes que se han ido con Gonzalo y no queremos que nos sigan doliendo los líderes. Lo único que queremos es que nos dejen seguir con nuestra misión, pero nosotros no tenemos la facilidad de dar respuesta a esta situación y sabemos que aquí no va a pasar nada”, lamenta Cortés.
La última gran alegría de Gonzalo se la dio el censo nacional que él mismo hizo del loro orejiamarillo y la cotorra coroniazul. “Su libreta arrojaba un número aún impresionante para él mismo: 2.895 loros en Roncesvalles. La alegría desbordó su corazón con el orgullo del deber cumplido”, señaló la Fundación sobre esa herencia, fruto de un trabajo que hoy queda en manos de las comunidades.
Durante dos décadas los integrantes de ProAves han trabajado por la conservación a pesar de las limitaciones impuestas a su ejercicio por el conflicto armado, pero el asesinato de uno de sus líderes marca una época de temor e incertidumbre.
“Acabamos de cerrar la reserva que tenemos en el área donde asesinaron a Gonzalo, pero qué va a pasar con lo que hay allí, qué va a pasar con el oso, con las especies por las que nadie habla. Nos asusta estar allá porque fácilmente le pueden quitar la vida al otro guardabosques”, reclama Cortés.
ACORRALAR A LAS COMUNIDADES
Los asesinatos y amenazas contra defensores del medio ambiente se extienden por cada rincón de Colombia, una estela de violencia con la que grupos armados ilegales atemorizan a las comunidades y frenan los procesos de liderazgo para seguir abriéndose camino en negocios ilícitos.
Detrás de estos homicidios están bandas vinculadas a actividades como el narcotráfico y la minería ilegal para quienes los líderes son un obstáculo en las disputas territoriales que libran a sangre y fuego para controlar zonas estratégicas del país.
“El homicidio de Gonzalo y el de otros defensores son ataques contra los procesos organizativos de las comunidades y organizaciones que defienden sus territorios de las multinacionales, de las economías ilegales, de la minería ilegal, pero también de unos procesos económicos legales”, explica a Efe el investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González.
Su organización contabilizó en 2020 el asesinato de 310 líderes sociales, cifra que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en su último informe de diciembre, situaba en 53.
Pese a los constantes desafíos que enfrentan los defensores de la tierra, González reconoce que desde el desarme de las FARC “lo que ha sucedido en Colombia ha sido muy positivo”, pues han disminuido otros indicadores como los desplazamientos y desapariciones forzadas, las minas antipersona y los homicidios en combates.
“Lastimosamente han venido aumentando algunas estadísticas como el asesinato de líderes y excombatientes, pero la violencia ha bajado bastante”, detalla.
La radiografía que hace Indepaz sugiere que las comunidades y los líderes de las zonas que siguen siendo azotadas por el conflicto quedaron a merced de grupos ilegales que tras el proceso de paz “llegaron con mucha más velocidad a los territorios (que dejaron las FARC), mientras el Estado avanza con lentitud para copar” esos espacios.
Para González, “los otros grupos están ejerciendo un control social que por supuesto choca con las organizaciones y comunidades que defienden” los páramos, bosques, cuencas y la vida humana.
Pese a los avances que destaca en materia de paz en el país, la zozobra persiste en las regiones que sufren la reconfiguración del conflicto.
“En la época de mayor guerra del país a nosotros nos tocó vivir entre el 2002 y 2003 cuatro procesos de guerra directos. A mí me pasaban las balas por los lados y no me sentía tan amenazado como ahora, los guardabosques no se sentían tan amenazados y no sé a dónde vamos a llegar”, reclama Cortés.
EFE