El Consejo Superior de la Democracia Cristiana, fijó posición este lunes 18 de diciembre sobre la situación que mantiene Venezuela en su lucha por recuperar el territorio del Esequibo, en disputa con Guyana, y que a tenido a su juicio, una inoperancia por parte del regimen de Nicolás Maduro y el chavismo durante varios años.
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En la misiva, la organización también exhorta a los ciudadanos a tomar conciencia sobre estos temas y estar vigilante a toda la situación.
Comunicado textual:
El Consejo Superior de la Democracia Cristiana, teniendo presente la sentencia adoptada por la Corte Internacional de Justicia el pasado 18 de diciembre, en la que se declara competente para conocer sobre la validez o no del laudo arbitral que en 1899 le amputa a Venezuela sus derechos soberanos – histórica y jurídicamente incuestionables – sobre el territorio que conforma a la Guayana Esequiba y, de ser el caso, establecer nuestra frontera con la República Cooperativa de Guyana, hace un llamado de atención al pueblo venezolano dentro y fuera del país.
Considera de grave pertinencia señalar, para su debido registro histórico, que al momento de defender en estrados los intereses supremos de la república en la fase preliminar del juicio contencioso ahora planteado, hubo ausencia del régimen de Nicolás Maduro Moros, quien al igual que el de Hugo Chávez Frías, respondiendo no a los intereses del país sino a los lineamientos diplomáticos del régimen cubano y en el marco de la estrategia de la ALBA, prefirieron sumar apoyos en el seno de la Organización de Estados Americanos.
Sean cuales fueren las razones – desconocidas por todos – que hayan abonado en favor de tal comportamiento omisivo y lesivo a nuestra soberanía, incluso si se considerase que la demandante Guyana no podía acudir unilateralmente al Alto Tribunal de La Haya sin contar con el consentimiento de Venezuela, hubo de tener presente el régimen que esa posibilidad estaba abierta. Ella ha sido motivo de discrepancias entre nuestro país y la misma Guyana, pero es una de las alternativas de solución contempladas por el Acuerdo de Ginebra que, en 1966, le da piso cierto, firme y jurídico, a nuestra histórica reclamación.
La herida abierta que aún sufre el sentimiento patrio desde cuando se coaligan la Gran Bretaña y la Rusia para, bajo coacción y mediando prevaricación de los jueces arbitrales en 1899 –como lo demostrara el Memorándum de nuestro abogado Severo Mallet Prevost de 1949 sobre cuya base se logra firmar en 1966 el Acuerdo de Ginebra, logro diplomático de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni– es un elemento a considerar; pero el mismo ya no es de suyo suficiente para encontrar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” entre las partes, entre Venezuela y Guyana, como lo dispone dicho instrumento. Lo que fuera objeto histórico de controversia política y diplomática –el acto arbitral írrito e injusto– se ha vuelto ahora una cuestión juridificada, sin mengua de la exigencia de su resolución práctica, al encontrar como su fundamento, justamente, al señalado Acuerdo para resolver sobre la reclamación y que aceptaran Gran Bretaña y la misma Guyana, entonces en vías de independencia.
La mala fe guyanesa llevó al fracaso de la Comisión Mixta que funcionó entre 1966 y 1970, encargada de encontrar dichas “soluciones satisfactorias”; el esfuerzo posterior de distención bilateral –destinado a crear un clima de entendimiento para reanudar las negociaciones y sin ceder en nuestros derechos– que implicara el Protocolo de Puerto España suscrito durante el primer gobierno de Rafael Caldera y su no renovación por el gobierno de Luis Herrera Campíns, al estimarse propicias las condiciones para las negociaciones de un “arreglo práctico de la controversia”, se estrellaron contra la tozudez y el rechazo guyanés de 1983. De donde, ambas partes, se avinieron en poner el entuerto en manos del secretario de la ONU. A él se le encomendó señalar la vía apropiada, diplomática o judicial, para resolver. Pero, habiendo dispuesto este el mecanismo de los Buenos Oficios a través de distintos emisarios personales suyos, designados y aceptados por ambos Estados entre 1989 y 2017, advirtió el secretario de la ONU que de no avanzar su último emisario en el encuentro entre las partes de “una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia”, pasado un año desde su designación y a menos que mediase una oposición conjunta de ambos Estados referiría la cuestión a la Corte Internacional de Justicia.
No podríamos dejar de señalar que, para el logro de la firma del Acuerdo de Ginebra y en su implementación durante la democracia, destacaron las gestiones de los cancilleres Marcos Falcón Briceño e Ignacio Iribarren Borges, Arístides Calvani y José Alberto Zambrano Velasco, habiéndole correspondido al último trabajar tanto en el Protocolo de Puerto España como su no renovación y sostener sin descuidos las gestiones ante el Secretario General de la ONU. Dejó como legado su obra que recoge la historia de nuestra reclamación: Our historic claim (1982).
El fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia, en consecuencia, cierra ese debate preliminar y está Venezuela en la situación de enfrentar con responsabilidad al medio de solución establecido, para alcanzar el propósito que le llevara a la firma del Acuerdo de Ginebra mencionado.
Encontrándose la nación y nuestra república en una situación de grave debilidad, al punto que, salvando las distancias y realidades, vienen a la memoria aquellas otras en las que diatribas intestinas hicieron perder a Venezuela el territorio de la Guajira en el extremo occidental y luego ser víctimas de un arbitraje corrompido, palmariamente contrario a las normas del Derecho internacional que nos arranca un costado en el extremo oriental, esta vez media la intervención de una instancia judicial reconocida por su solvencia, como lo es la Corte Internacional de Justicia. La ausencia de Venezuela, por ende, ha motivado su advertencia clara y aleccionadora. En su fallo mencionado recuerda que “cuando un Estado se abstiene de comparecer ante la Justicia no se le permite luego aprovecharse de su ausencia”.
Sobre la nulidad del laudo arbitral que en 1899 decidiera arrebatarnos la Guayana Esequiba y la aceptación por la Gran Bretaña del acto de injusticia histórica del que hemos sido víctimas, aceptando firmar el Acuerdo de Ginebra, le corresponde al régimen imperante en Venezuela corregir su lenidad y llevar ante la Corte todos los elementos que tiene a manos y en su favor la república. Sobre todo, ha de atacar lo que corresponde en el fondo, a saber, que el tribunal arbitral dictó un laudo que, en procura de sus abyectos propósitos, no contó con presencia de juez y abogados venezolanos; omitió aquél motivar la decisión; decidió no aplicar los principios de Derecho internacional reconocidos; ni investigó los títulos históricos de Venezuela apoyados en la titularidad de España; y, al término, abordó en su sentencia de despojo cuestiones que escapaban al conocimiento del tribunal arbitral.
El Consejo Superior de la Democracia Cristiana, ante los hechos señalados hace un llamado al pueblo venezolano en esta hora y considera su deber obligante alertarlo sobre el momento de gravedad histórica que acusa la república. Le invita para que de manera serena pero inconmovible eleve su opinión y asuma una conciencia activa sobre un tema que amenaza el destino nacional. Que exija del régimen y el sector de la Fuerza Armada que lo sostiene un comportamiento que no debilite nuestra postura ante la Corte Internacional de Justicia, y que los sólidos argumentos históricos y jurídicos que dicen sobre la invalidez de pleno derecho del laudo arbitral de 1899 lleguen oportunamente a conocimiento de los jueces de la Corte, desde el ángulo de nuestros sólidos argumentos.
18 de enero del año 2021
Por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana:
Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno León, José Rodríguez Iturbe, Maritza Izaguirre, Román Duque Corredor, Haroldo Romero, Gloria Capriles, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem, Guillermo Yepes Boscán, Enrique Naime.
Sec. Ejecutivo Lorenzo Tovar Colmenares.
Consultores: Gustavo Tarre Briceño y Asdrúbal Aguiar.
COPEI: Roberto Enríquez presidente y Robert García Sec. General
PROYECTO VENEZUELA: Henrique Fernando Salas Coordinador General
CONVERGENCIA: Biagio Pilieri Coordinador General
NP.