Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves acerca del “uso desmedido” de las cuarentenas obligatorias en los centros de aislamiento ubicados en la provincia de Formosa, en el norte de Argentina, en el marco de las medidas de contención del coronavirus SARS-CoV-2.
En un comunicado, el organismo de derechos humanos pidió a las autoridades provinciales que sean “respetuosas de los derechos humanos” a la hora de aplicar restricciones contra la covid-19, después de haber recibido denuncias acerca de las cuarentenas estrictas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS).
Según esas denuncias, dichos centros obligarían a permanecer en su recinto a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso que no tienen coronavirus, “lo cual las expone al contagio”, así como a niños y adolescentes que, en ocasiones, no tuvieron el acompañamiento de sus padres o familiares.
A los internados en los CAS tampoco se les brindaría información sobre su salud y se les haría hisopados sin su consentimiento, todo según las denuncias que recibió la entidad no gubernamental.
En algunos casos, la duración de las cuarentenas habría excedido los 14 días hasta un máximo de 30, en unos centros que “estarían custodiados las 24 horas por personal policial” y que “no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad”.
“Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
MÁS DE 3.000 INTERNADOS Y 622 CASOS ACTIVOS
Los datos oficiales constatan que hoy se encuentran internados en centros de aislamiento provinciales un total de 3.094 personas, aunque tan sólo hay 622 casos de la covid-19 activos en toda Formosa.
En ese sentido, AI recordó que, pese a que las autoridades pueden imponer cuarentenas obligatorias en respuesta al coronavirus, la privación de la libertad de una persona tan sólo es permisible “en circunstancias limitadas”.
“Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos”, subrayó Belski.
La exdiputada opositora Elisa Carrió denunció este martes la “gravísima violación de derechos humanos” en Formosa con respecto a esos centros de aislamiento.
“Vamos a pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, vamos a pedir una visita in situ, vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a pedir la intervención federal del poder Ejecutivo de la provincia de Formosa”, sostuvo Carrió en un comunicado publicado en la red social Twitter.
En noviembre, la Corte Suprema de Argentina ordenó a Formosa que permitiera el ingreso de residentes de ese distrito, puesto que cientos de personas pasaron meses varadas por el cierre de fronteras provinciales ante la pandemia de la covid-19.
El máximo tribunal tomó esta determinación ante un recurso de amparo colectivo presentado por residentes formoseños a los que se les negó por meses ingresar a la provincia, muchos de ellos personas de bajos recursos que tuvieron que establecerse en condiciones muy precarias a la vera de ríos o puentes de Formosa a la espera de poder entrar.
LA ESTRATEGIA SANITARIA “CORRECTA”
En cualquier caso, el gobernador de Formosa, el peronista Gildo Insfrán, aseguró este martes que la provincia implantó una estrategia sanitaria “correcta”, destacando el “compromiso de la gran mayoría del pueblo formoseño” en la lucha contra el coronavirus.
“Los reportes de los últimos días ratifican que la estrategia sanitaria que implementamos en Formosa es la correcta, y que debemos fortalecerla para seguir protegiendo la salud y la vida de la población”, aseguró el funcionario en su perfil de Facebook.
Respecto a las denuncias de la exdiputada Carrió, el vicegobernador formoseño, Eber Solís, acusó a la opositora de apelar a “propuestas fascistas y verdaderamente autoritarias”.
En una carta pública, el vicegobernador defendió que el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado ha sido avalado por la Corte Suprema de la Nación” y que, de no ser por esa estrategia, Formosa tendría la situación “de otras provincias y otros países, que sufren colapsos sanitarios y gran cantidad de muertes”.
EFE