El debate sobre cuál es la mejor mascarilla para evitar el contagio de Covid-19 nos ha acompañado desde el principio de la pandemia. Ahora, en plena tercera ola, con el descubrimiento de nuevas cepas y cuando ya nadie duda del contagio del SARS-CoV-2 a través de los aerosoles, el Consejo General de Enfermería considera primordial que «la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes -conocidas como FFP2- en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente –como el transporte público-, y en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus (por ejemplo, centros sanitarios, farmacias, sociosanitarios…)». «Su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la Sanidad y muchas muertes más de las que ya lamentamos», asegura el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.
Por ABC
El CGE defiende que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.
En opinión del presidente del Consejo General de Enfermería, «hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria. Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato». Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.
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