Foto de archivo de la celda de la cárcel
La situación de las personas privadas de libertad de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ) ha sido objeto de una investigación de muchos años por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) por su complejidad.
Por tabúes y prejuicios, dentro y fuera de las cárceles, ganar confianza de las personas LGBTI ha sido un trabajo arduo por miedo a malos tratos, vejaciones y agravamiento de su situación.
No existen leyes diferenciadas que permitan proteger al individuo diverso-sexual cuando es ingresado a prisión; uno de los casos más preocupantes es el de las personas transexuales, estos son recluidos por la identidad que se refleja en su cédula y no por el género que se identifican.
Las mujeres trans, que ya han iniciado su proceso de transición, son recluidas en celdas con hombres, esto conlleva un alto riesgo ya que son rechazadas, estigmatizadas y obligadas a encargarse de la limpieza y la basura a través de la humillación.
Muchas de estas actitudes son avaladas por los custodios. Cuando alguna persona LGBTI está en peligro las aíslan sin alimentos, y además, no tienen derecho a visitas conyugales.
Bien es sabido que, a pesar de ser obligación del Estado velar por la integridad del recluso, y dentro de los planes carcelarios se debe contemplar alimentación y asistencia médica, en Venezuela esto no se cumple.
Muchos presos se encuentran completamente solos y a la deriva, en algunos casos son abandonados por sus familiares por su condición sexual, y los que tienen pareja, dependen de ellos para su alimentación; en los hombres gays o transexuales esta situación es un agravante en su estadía en las cárceles, por la prohibición de ingreso a hombres en calidad de visitantes, no tienen acceso a entrega de paquetería o medicinas.
Es imperante el acceso a derechos, pero la emergencia humanitaria compleja, afianza y pulveriza cada vez más el reconocimiento de esos derechos a la comunidad LGBTI. Por ejemplo, el poco acceso a la salud, es el derecho más vulnerado.
No hay acceso a medicamentos
En el caso de los reclusos con VIH, son pocos con acceso a antirretrovirales. Por el contexto pandemia, muchos dejaron de recibir tratamiento, la mayoría de ellos deben ser reevaluados para saber si la infección escaló a Sida, pero no existe plan que permita tener acceso a ese apoyo médico, están a la deriva, contando que no tienen acceso a una alimentación balanceada, como sucede en un alto porcentaje de la población carcelaria.
Los privados de libertad con VIH están desnutridos y por su condición médica, con un sistema inmunológico débil, son propensos a enfermarse con más frecuencia y fallecer con más rapidez.
“La situación de desnutrición es terrible, con el sistema inmunológico destruido y por miedo, no dicen que tienen VIH porque son doblemente rechazados por falta de información de la enfermedad y prejuicios. Sumado a estar a cargo de custodios que no están debidamente entrenados y educados, los pone en un altísimo riesgo” explica Carolina Girón, directora del OVP.
La salud mental de este grupo de reclusos está muy afectada, y desde el OVP están trabajando para crear conciencia de su situación, señaló su directora.
Las cárceles en Venezuela están lejos de los centros urbanos, por esta razón los familiares tienen problemas de acceso a ellas, y en los casos de visitas prohibidas esto ocasiona que la entrega de medicinas sea prácticamente imposible; los reclusos que antes de ser detenidos estaban en proceso de transición no reciben tratamiento, en pocos casos cuando se logra pasar medicinas, incluyendo los antirretrovirales o son comercializados o no hay certeza de que sean entregados.
Girón recalcó que existe planes de asistencia, pero por la llegada de la COVID-19 al país, esto poco a poco se ha paralizado y dejado a un lado. Estos planes no son coordinados por el Estado, el familiar del recluso debe realizar la gestión en las oficinas regionales de salud y luego recorrer más de 40 km para hacer llegar esta asistencia.
Esto es complicado a todo nivel, el derecho a la salud, el derecho a un trato digno. Asegura la directora de OVP que esa protección especial no existe en el sistema penitenciario en nuestro país y recalca que la mayoría de estas personas son sometidas a tratos degradantes y son torturados, “la vida de las personas de la comunidad es súper complicada”.
La conclusión a la que ha llegado el OVP en los estudios realizados, es que la dignidad de la comunidad LGTBIQ no es garantizada en el sistema carcelario en Venezuela. “Lo hemos denunciado y profundizado en esta investigación, y creemos que a pesar de esto, con las pequeñas acciones podremos lograr el cambio”, enfatizo.
La sociedad va muy por delante de las leyes
Carolina Girón alertó que las leyes no van al mismo ritmo que la sociedad, están muy atrasadas, lo cual contribuyen a afianzar la discriminación, las injusticias y el abandono. “Esto ha obligado a las personas a esconderse. Quienes los deben proteger no lo hacen porque no entienden y no aceptan la diversidad”, aseguró.
Sostiene que las Reglas Mandela deberían ser el ABC de los sistemas carcelarios, “podemos empezar por ahí porque son de aplicación universal, son un instrumento emanado de las Naciones Unidas”. No obstante, en Venezuela en el Código Orgánico Penitenciario no existe esta comunidad sexo diversa, así que es necesario adaptar nuestra legislación a la realidad que estamos viviendo. El sistema interamericano ha sacado diversas resoluciones como las Reglas Contra los Tratos Crueles, que deberían ser aplicados aquí en la comunidad LGTBIQ. En OVP estamos trabajando en la visibilización de esta situación, y en llamar la atención que existen instrumentos internacionales que aquí en el país no han sido tomados en cuenta, concluyó la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones