La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez aseguró este lunes que es víctima de una “persecución política” tras recibir una citación del Ministerio Público para declarar en un caso en el que se le acusa de “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa e inconstitucionalidad”.
La exmandataria compartió en Twitter una fotografía de la orden de citación, con un mensaje en el que denunció que la citaron a declarar “con amenaza” de detenerla si no se presenta.
“Es un caso sin fundamento y al salir en plena campaña, es una persecución política”, escribió la exgobernante, que aspira a la Gobernación de la región amazónica de Beni por la alianza Ahora.
“A pesar de este ataque, mi prioridad sigue siendo el Beni. Aquí estoy y aquí estaré”, agregó Áñez, sin dar mayores detalles sobre el caso.
La citación está fechada en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del Poder Judicial, y señala que Áñez tiene 24 horas para presentarse en la Fiscalía Anticorrupción de Beni para prestar su “declaración informativa”.
La convocatoria responde a una investigación iniciada a instancias de la denuncia hecha por Juan Carlos Mendoza García, que acusó a la exmandataria por el supuesto delito de “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”.
El documento agrega que si Áñez no se presenta en la fecha señalada sin justificar “un impedimento legítimo”, se emitirá una orden de aprehensión en su contra.
Por el momento no se han conocido otros detalles sobre el caso, ni el denunciante.
El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) se refiere a la gestión de Áñez como “gobierno de facto” y busca enjuiciar a la expresidenta por diversas causas.
En la anterior legislatura, la mayoría parlamentaria del MAS sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por una serie de episodios violentos, luego de que ella asumiera de forma interina el poder en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
En los últimos días también se habló de otro juicio contra la exmandataria y sus ministros por un supuesto daño económico al Estado generado por un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que el MAS se negó a aprobar y que el Gobierno transitorio aseguró que era para atender la crisis sanitaria causada por la covid-19.
EFE.