Un centenar de ciudadanos se movilizaron este miércoles en Ciudad de Panamá, ante la preocupación de poder quedar sin su residencia legal, si el parlamento panameño deroga un decreto que 249 que establece el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva a los extranjeros.
Un aproximado de 60.000 personas podría quedar sin residencia en el país centroamericano.
Yamilé Pérez, venezolana que participó en la caminata convocada por la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (ARENA) señaló que “el que se derogue el decreto 249 (de 2019) obviamente nos va a afectar, son miles y miles de familias que vamos a estar afectados por esto”.
Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez, del gobernante Partido Democrático Revolucionario (PRD), de mayoría parlamentaria, presentó el pasado 10 de agosto el anteproyecto de ley 075 para derogar el decreto ejecutivo 249. En un momento dicho decreto permitió que miles de extranjeros obtuvieran mediante el programa conocido como “crisol de razas” permisos provisionales de residencia, por entre 6 y 10 años, y que una vez vencidos optaran a la residencia permanente.
“No debemos permitir que esta aberración jurídica forme parte de nuestra legislación migratoria, y que aquellos que obtuvieron estos permisos por los programas de Crisol de Razas, sean beneficiados con residencia permanente, cuando su regularización proviene de su estadía en Panamá de manera irregular”, dice en la exposición de motivos Rodríguez, quien ha presentado varias iniciativas que buscan dificultar la permanencia de extranjeros en Panamá.
La caminata partió desde la sede de la ARENA con la intención de llegar a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para entregar un carta con la postura al presidente del Órgano Legislativo, pero se desistió de ellos para evitar incidentes que pudieran darse con la posible presencia de infiltrados.
Optaron mejor porque un grupo de cuatro miembros de la ARENA haga entrega de la carta al presidente de la AN, el oficialista Marcos Castillero, en la que piden que la asociación pueda participar en cualquier tipo de decisión que se tome sobre el 249.
Ya el Servicio Nacional de Migración les había advertido el marte de “abstenerse a participar en protestas y manifestaciones que afecten el orden público y la seguridad”.