La periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violación durante el ejercicio de su profesión en el conflicto armado de Colombia, pidió este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia y que ordene al Estado brindar mayor protección a las mujeres periodistas, en una audiencia de la que la representación estatal se retiró inconforme con los jueces.
Bedoya brindó su testimonio este lunes en el inicio de una audiencia de tres días ante la CorteIDH por la demanda contra el Estado a raíz del secuestro, violación y torturas de las que fue víctima en el año 2000 cuando esperaba la confirmación de una entrevista en las afueras de la cárcel Modelo, en Bogotá.
EL RELATO DE LA VÍCTIMA
La periodista relató que para esa época investigaba para el diario El Espectador hechos de violencia, el tráfico de armas y la compra y venta de secuestrados entre paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico con complicidad de policías y militares al interior de la cárcel, y que para ello, el 25 de mayo de 2000, tenía una cita para entrevistar a un jefe paramilitar dentro del centro penal.
Bedoya recordó que cuando esperaba la autorización para ingresar a la cárcel fue secuestrada y luego los captores la torturaron y la violaron, y le dijeron que se trataba de un escarmiento por sus reportajes. La periodista aseguró que antes de estos hechos había recibido amenazas y que en noviembre de 1999 el Estado le negó un esquema de protección especial que había solicitado mediante una carta en agosto de ese año.
“Reparar el dolor que enfrenta una mujer después de violencia sexual es casi imposible, la violencia sexual nos quiebra en mil pedazos. Pero algo que sería reparador es que el lugar donde inició todo se pueda cerrar. Clausurar la cárcel Modelo que es un símbolo de la impunidad”, afirmó Bedoya.
La comunicadora dijo que una medida reparadora sería convertir esa cárcel en un centro de memoria histórica, pues asegura que allí se han cometido violaciones de derechos humanos de todo tipo.
LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA
Bedoya también pidió a la CorteIDH medidas para que en Colombia se reconozca el delito de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y que haga especial énfasis en la protección a las comunicadores con enfoque de género.
“A nosotras se nos sigue intimidando y estigmatizando por nuestra condición de mujer. Existe un subregistro de casos de mujeres que han enfrentado violencia sexual en todas sus formas”, dijo. Bedoya citó datos de una encuesta realizada por la Universidad de los Andes que revela que en Colombia 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido acoso, persecución y estigmatización, y que 8 de cada 10 deciden autocensurarse o abandonar sus fuentes para no ser víctimas de violencia.
La periodista aseguró que en el conflicto armado colombiano también hay víctimas que han sido invisibilizadas como las niñas y mujeres reclutadas por la guerrilla, quienes fueron esclavizadas, violadas y obligadas a abortar.
Sobre su caso, afirmó que se mantiene en la impunidad y sin avances significativos en la investigación de la Fiscalía, a pesar de que ella ha entregado pruebas sobre el autor intelectual: un exgeneral del Ejército. Bedoya aseveró que a lo largo de los años ha seguido recibiendo amenazas y que ha tenido que relatar los hechos en 12 ocasiones ante la Fiscalía.
EL ESTADO SE RETIRA DE LA AUDIENCIA
El agente estatal, Camilo Gómez, acusó a los jueces de la CorteIDH de “falta de objetividad” y de “prejuzgar” al Estado durante las preguntas que formularon a la periodista tras su testimonio, ante lo que anunció que presentará un escrito de recusación a los jueces y el retiro de la representación estatal.
Durante las preguntas, los jueces expresaron palabras de elogio y solidaridad hacia Bedoya por los actos de violencia de los que fue víctima y su lucha por continuar ejerciendo el periodismo.
Gómez expresó que el Estado reconoce la lucha y el trabajo de la periodista y que “ninguna mujer debería sufrir una ataque de este tipo ni ningún periodista ser amenazado por su trabajo”.
Sin embargo, enfatizó en que “la obligación de los jueces es ser objetivos e imparciales” y “no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que espera imparcialidad”.
La presidenta de la CorteIDH, Elizabeth Odio, decidió continuar con la audiencia con el testimonio del periodista Jorge Cardona.
Para el martes está programado que los jueces escuchen a un perito propuesto por la representación de la víctima y a uno del Estado, aunque este último es posible que no participe debido al retiro de la representación estatal. La audiencia está previsto que termine el miércoles con los alegatos finales de las partes.
EFE