Los asesinatos de más de 250 líderes sociales y exguerrilleros en cuatro regiones en Colombia entre 2016 y 2020 tienen características en común y existen unos patrones en ellos que no son tenidos en cuenta por la Fiscalía y las instituciones, según denunciaron este martes en un informe varias ONG.
“La idea de este trabajo nace de la preocupación que existe por el planteamiento hecho por las instituciones colombianas de que no hay sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales” y de que los autores son “manzanas podridas” o se trata de “situaciones aisladas”, según explicó hoy el abogado y director de Forjando Futuros, Gerardo Vega.
Así, una decena de organizaciones, entre las que se incluyen Oxfam Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) o Somos Defensores, pusieron en conjunto sus bases de datos de asesinatos de defensores y de excombatientes para analizar los puntos en común y los patrones.
Analizaron los asesinatos de 255 personas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 en varias regiones de Antioquia (noroeste) y el Chocó (oeste), de las cuales 213 fueron defensores de derechos humanos y líderes sociales, y 42 exguerrilleros de las FARC.
La mayoría de estos homicidios se concentraron en líderes comunales, indígenas, políticos, campesinos y sindicales, y el 90 % de los casos ocurrieron en partes que fueron zonas rojas del conflicto armado, donde sigue habiendo una ausencia del Estado y una presencia fuerte de economías ilegales.
Además, “en el 77 % de los casos en los que hubo asesinatos contra líderes políticos, ellos pertenecían al movimiento Marcha Patriótica”, señaló la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Luz Adriana Camargo.
“Hay una tendencia a la victimización de quienes hacen parte de la oposición”, añadió Camargo, en referencia a los asesinatos de excombatientes y miembros de Marcha Patriótica, movimiento político de izquierdas, que tiene a la política Piedad Córdoba como una de sus caras más visibles.
En la mayoría de casos las víctimas no pertenecían solo a una organización sino que defendían varias causas, como casos de presidentes de juntas comunales, que también formaban parte de organizaciones indígenas o afrodescendientes y de movimientos políticos.
“Pareciera que cuantos más derechos se defiende más riesgo se están asumiendo”, añadió la coordinadora de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, Andrea Becerra.
La mayoría de asesinatos fueron perpetrados con arma corta y de forma premeditada y planeada cuando las víctimas se encontraban en su trabajo, lugar de residencia o algún sitio público, lo que indica un nivel de planificación, y que no fueron homicidios al azar o cayeron en medio de una balacera.
POCA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA
Además del análisis de fondo de estas bases de datos, que complementan las de la Defensoría del Pueblo y la ONU, las organizaciones también realizaron un estudio de fondo sobre los “avances en el esclarecimiento” de los que habla la Fiscalía.
“La Fiscalía ha dado un salto importante durante el 2020, en el que se logró avanzar en 10 puntos porcentuales; de febrero de 2020 a febrero de 2021 se pasó de 52 a 62,74 % de avance de esclarecimiento en los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos”, decía esta institución ante un informe al Gobierno.
De los 255 casos de homicidios analizados, las organizaciones concluyeron que la Fiscalía investigaba 53.
“La Fiscalía toma la cifra más baja (de asesinatos) y para construir sus indicadores la divide por su cifra más alta de sus acciones”, aunque las investigaciones no hayan concluido o incluso recién hayan comenzado, denunció la jurista.
La exmagistrada aseveró que cuando la Fiscalía proporciona información sobre estos casos de “esclarecimiento” se da información “errónea o confusa”, ya que hablan de responsables de los asesinatos, pero luego los cargos que se les imputan muchas veces no son por homicidios, sino por portar armas o por concierto para delinquir, lo que indica que no fueron los responsables.
Y esa postura de “desinformación” y parcialidad, se encuentra en todos los organismos de control del Estado, más allá de la Fiscalía, concluyó Vega.
Por ello, las organizaciones recomiendan a las instituciones estatales, entre varias cuestiones, incorporar más fuentes a su investigación sobre homicidios para poder comprender los problemas de raíz, y le piden a la Fiscalía más transparencia.
EFE