En la sesión de la Comisión Delegada celebrada este martes, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, informó ante el pleno, que más de 30 denuncias han sido remitidas a los organismos internacionales correspondientes, tanto oficina de la Alta comisionada de los DD.HH, Michelle Bachelet, como a otras instancias para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidos en el estado Apure
La legisladora adelantó que ya han sostenido una reunión con el equipo de la Alta Comisionada de DD.HH de la ONU, para hacer entrega de estos documentos probatorios como otros organismos de las gravísimas denuncias sobre los enfrentamientos entre el Ejército venezolano y grupos irregulares disidentes de la Farc, con la presencia del FAES, que ha acarreado “el uso discriminado de armas de fuego contra una población desarmada, lo cual constituyen una violación de los derechos humanos”.
En ese sentido, se refirió al asesinato de miembros de la familia trabajadora colombo-venezolana Ramírez Remolina, por el cual informó que desde la instancia que ocupa han estado recibiendo testimonios y recabando con estricta rigurosidad de acorde a la metodología que exigen las investigaciones en materia de derechos humanos.
Agregó que estos hechos podrían configurar “el crimen de asesinato previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, y aseveró que el Ejército venezolano, “se olvidó por completo el mandato del artículo 328 constitucional, que expresa que deben estar apegado a la Constitución y a la soberanía y alejado de cualquier inclinación de carácter político”.
La parlamentaria aseguró que se están realizando investigaciones independientes, por parte de organismos internacionales encargados en la materia de derechos humanos y se va solicitar la realización de la experticia legales que corresponda, “debemos acotar que los cuerpos de los integrantes de las familia Ramírez Remolina, se encuentran en Colombia y se le ha dado cristiana sepultura”.
Crímenes sin investigar
Entre tanto, el diputado Williams Dávila, aseveró que el estado Apure ha sido foco de combate y enfrentamiento que ha desembocada en una espiral de violencia insospechable y una crisis humanitaria sin precedentes, donde ha causado el desplazamiento forzoso de 4.000 venezolanos que huyen de un conflicto armado propiciado por “ese micro estado, que tenemos en Venezuela que impone los grupos irregulares, armados, bandas criminales guerrilleras del ELN, disidentes de la Farc, ELP que establecen sus ventajas, su propia ley sobrepasando la autoridad del Estado venezolano y las Fuerzas Armadas”.
Alertó que los crímenes que suceden en las más de 540 trochas o pasos ilegales ubicadas entre Apure, Táchira y Zulia, como puentes de financiamiento de actividades ilícitas, no son investigados por el Estado venezolano ni por el ministerio de la Defensa de la usurpación, Wladimir Padrino López, pues a su criterio, “quieren montar un falso positivo alegando que lo ocurrido en Apure, forma una parte de una política diseñada por Colombia para desestabilizar la frontera”.
“Apure quedo como el epicentro de un ajedrez político donde conviven grupos armados ilegales a causa de un abandono del estado cruel y permanente”, denunció el parlamentario durante la sesión telemática.
Vinculados con el Cartel Sinaloa
Se sumó al debate, el diputado Romel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónica, quien acotó que el conflicto armado suscitado en la frontera de Apure con Colombia, “es la guerra por el territorio que jamás fue tomada en cuenta por este régimen asesino y criminal” y denunció que Santrich e Iván Márquez, ordenaron a las Fuerzas Armadas de Venezuela,” bombardear la zona de la Victoria en el estado Apure para que los disidentes de la guerrilla de la Farc se desplazaran y así las fuerzas terroristas de Iván Márquez, se instauren en esa región”.
“Ellos se están disputando la droga. Sabemos que todo el aparataje está vinculado al Cartel de Sinaloa, con ayuda y acuerdos con Nicolás Maduro. Por ello, se deben los ataques contra familias campesinas e indígenas”, alarmó el parlamentario, quien reprochó el accionar violento de las Fuerzas Armadas, que están siendo cómplices de la masacre contra venezolanos.
Agradecimientos a Colombia
El legislador Luis Lippa agradeció al gobierno colombiano por ofrecer refugio y albergue a los miles de venezolanos desplazados por el conflicto armado entre el Ejército venezolano y la guerrilla disidente, y sostuvo que el pueblo apureño tiene mucho miedo por la ausencia institucional de los organismos de seguridad.
Pidió a los organismos internacionales garantizar el retorno de los conciudadanos afectados a su lugar de origen, amparándose en los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que permite la presencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger y garantizar los derechos humanos de la población civil.