No sabe cómo, pero Pablo* logró llegar hasta el campamento en el que estaba reclutado su hijo, convenció al comandante de que lo dejara quedar algunos días para darle ánimos al jovencito, porque de lo contrario moriría en medio de un entrenamiento. Todo se trató de una artimaña, pues en la noche, cuando todos dormían, se escaparon.
Esta historia sucedió en un municipio de Norte de Santander, donde el reclutamiento de menores no se detiene. El fenómeno nació junto con los grupos armados ilegales y, aunque han pasado décadas y desmovilizaciones, el reclutamiento sigue siendo la manera más ‘efectiva’ de engrosar las filas de la guerra. El problema se hace más grande porque las familias, que terminan amenazadas, no denuncian, así que el subregistro es enorme.
El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, dice: “Si hay una violación a los derechos humanos difícil de documentar es el reclutamiento forzado, porque tiene una característica: el menor que raptan y su familia viven en el territorio. Si la familia reacciona para hacer una denuncia significa renunciar al territorio, perder su propiedad, su parcela, su casa; perder su vida y salir de allí”.
Desde 2017 y hasta la fecha, el ministerio público ha emitido 12 alertas tempranas para Norte de Santander. Entre 2020 y lo corrido de 2021 se han divulgado cinco, que ponen el foco en los municipios de Cúcuta, Ocaña, Puerto Santander, Villa del Rosario, Tibú, Convención, El Carmen y Teorama. En todas se advierte el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. En la más reciente, del pasado 9 de febrero, se identifican como actores armados con presencia en la zona al ELN, al EPL y a las facciones disidentes de las Farc, y como principal economía ilegal al narcotráfico.
Justo los jovencitos terminan trabajando para esta economía, pues el reclutamiento muchas veces no solo es para cargar el fusil; también hay labores de campaneo, infiltración y trabajo de recolección de la hoja de coca y fabricación de la pasta base.
El reclutamiento en este departamento ocurre en silencio: “Las familias muchas veces ponen en conocimiento el hecho, pero no tanto para que las autoridades hagan algo, sino para que quede registro del delito, pues temen que le pase algo al menor, que les toque irse o que lleguen retaliaciones”, comenta Cañizares. O muchas veces sucede que, en lugar de denunciar el reclutamiento, los pobladores abandonan el territorio por amenazas, ya que temen que por represalia los grupos armados maten a sus hijos.
En febrero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) comunicó que bajo su amparo estaban siete adolescentes que habían sido rescatados de las manos de los grupos armados ilegales, cinco en Norte de Santander y dos en Caquetá. Y, según las cifras del instituto, entre enero y diciembre de 2020 recibieron 144 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento.
Lo que sentencia Cañizares es que el silencio es el principal aliado de este crimen, lo que da una ventaja a los reclutadores. Las oportunidades de escapar que ven los niños y adolescentes son, por ejemplo, “enfrentamientos con la fuerza pública en los que son capturados, o cuando los menores desertan. Ahí los familiares acuden a instituciones y organizaciones que los ayudan para salir de la región y poner en conocimiento de las autoridades la situación”.
Hijos de las migrantes
La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz manifiesta una preocupación frente a este delito: “Nosotros no parimos hijos para la guerra, ni para un bando ni para el otro”. Su insistencia es que se deben poner los ojos en esta región y sumar en acuerdos que les permitan recuperar la tranquilidad.
Para ellas, la sustitución de cultivos podría ser una de las alternativas para hacerle frente al reclutamiento. La Asociación, integrada por unas 1.200 mujeres de varios municipios, se les ha plantado a los grupos armados rechazando el reclutamiento. “Nosotras, como madres del Catatumbo, les hacemos un llamado a los grupos armados ilegales y al Gobierno nacional para que busquen mecanismos que lleven a la solución para mitigar toda esta problemática”.
Estas mujeres afirman que están firmes y agrupadas, pero la población migrante es la que está empezando a perder: “El 60 por ciento del reclutamiento está dirigido a niños y jóvenes de las madres de la frontera; ellas son las que están sufriendo ese reclutamiento forzado”.
Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, le dijo hace algunas semanas a RCN Radio: “Tenemos información de que niños de la comunidad Motilón-Barí, que hacen presencia en ambos países, están más expuestos a ser víctimas de reclutamiento. No tenemos un registro del número real de menores reclutados en la región. Sabemos que los hay, pero es imposible llegar a las filas de estos grupos para ver cuántos niños están en estas organizaciones, porque incluso las denuncias que son presentadas ante las autoridades no son muy claras”.
No obstante, el reclutamiento no solo es un fenómeno de la ruralidad más alejada: ya se denuncia que ocurre en la frontera y zonas rurales de municipios del área metropolitana de Cúcuta. La alerta de la Defensoría del Pueblo del pasado mes de agosto mostró que Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander se encuentran en un riesgo latente para el reclutamiento de menores de edad.
“En años recientes, estoy hablando tal vez de la última década, la criminalidad y la delincuencia en Cúcuta también han acudido al reclutamiento de menores, sobre todo bandas criminales y bandas sucesoras del paramilitarismo. Estas se han nutrido de manera permanente de niños y niñas, para actividades que tienen que ver con el microtráfico y otras de inteligencia. A los menores los utilizan de muchas maneras ilegales en el área metropolitana y la frontera”, señala el director de la Fundación Progresar.
A inicios de la semana se presentó un megaoperativo contra el reclutamiento ilegal y la utilización de niños y jóvenes, en el que el ICBF, el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército se unieron para hacerle frente mediante diferentes iniciativas. Entre ellas, un cartel de los reclutadores de menores de edad más buscados, con el que se impulsa la captura de 30 cabecillas de grupos armados, y un grupo especial que labora de manera intensa para contrarrestar este flagelo.
La Alcaldía de Cúcuta ha sumado esfuerzos para trabajar en contra de este delito. Y aunque lo hace por medio de programas como la Estrategia 1,2,3 por la Paz, se requieren acciones concretas para lograr un mayor alcance y evitar que siga el desfile de menores a los grupos armados.