A través del informe presentado por la Comisión Presidencial para los derechos Humanos y atención a las Victimas año 2020, se conoció que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana.
Por Centro de Comunicación Nacional
En este sentido, la Comisión Presidencial confirmó las estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), equivalente a 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas.
Esto se suma a las más de 2.500 registradas en el territorio nacional por Michelle Bachelet, desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Así lo informó este martes el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo de forma remota, donde indicó que esa instancia documentó 232 detenciones arbitrarias identificadas.
El Comisionado señaló que la oficina a la cual representa, tuvo noticias de otras 106 víctimas que presuntamente también habrían sido detenidas. 69% de las detenciones en casos de trabajares de la prensa fueron detenciones clandestinas y por tanto posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31 % fueron acompañadas de procesos judiciales.
Prado indicó que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), se han visto severamente violados en el año 2020 en el contexto de la pandemia.
Al menos 79,3% de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la canasta básica. 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% en pobreza extrema.
Solo 13% de la población tiene agua potable de forma ininterrumpida y en cuanto a la alimentación, 27% de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad, mientras 42% de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35% afirmaron haber consumido alimentos que preferirían no haber comido.
Además, la canasta básica ronda los $300 dólares americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos para diciembre del año 2020.
Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud
En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que los trabajadores de la salud fueron los más afectados con 297 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 hasta diciembre del año 2020, registrados por Médicos Unidos y PROVEA.
“Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud y la mayoría de los trabajadores son mujeres”.
La Oficina de la Comisión Presidencial documentó un total de 212 femicidios de los cuales, 56 adicionales se reportaron en el extranjero. En este mismo sentido, la Comisión efectuó una encuesta nacional sobre el acoso sexual callejero y en el Informe titulado “Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto del año 2020: Ni una más Venezuela” determinaron que 86,4% de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual.
Al mismo tiempo, cerca de 10 millones de mujeres están afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos, ONG CONVITE AC reportó una escasez de 78% de los anticonceptivos. “Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, resaltó.
Sobre las personas privadas de libertad, la referida Comisión confirmó junto a la sociedad civil que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en el 2020 en cárceles nacionales. 61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% debido a desnutrición y condiciones de salud, solamente 4,4% fueron por otras causas.
En relación a la comunidad LGBTI, la oficina confirmó que hasta el año 2017, 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual y para el año 2020 se confirmó que hay cerca de 6.000 familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Apuntó que permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas.
Proyecto de Ley para la protección de los defensores de los derechos humanos
En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Presidencial confirmó que acaecieron cerca de 286 ataques en su contra, en este sentido, aseveró que la Comisión trabajó respecto a esta circunstancia preparando un borrador de proyecto de ley para la adopción de medidas de protección de las personas defensoras mediante la creación de dependencia y análisis en la defensoría del pueblo. Esta será presentada a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.
Venezuela con la tasa más alta en ecocidios de la región
Los derechos ambientales también se han visto severamente perjudicados, reportándose ecocidios masivos, en este aspecto, Venezuela es uno de los países que tiene los números más altos con 2.801.136 hectáreas en los últimos 5 años.
Igualmente, sucedieron 20 derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo solamente en el 2020 y se reportó que los peces circundantes al Golfo Triste presentan 350% más de mercurio en su tejido, afectando a los pobladores que corren un riesgo más elevado de padecer enfermedades cancerígenas.
En cuanto a la institucionalidad democrática, el texto documento señala que el Parlamento Nacional fue duramente asediado y el 15 de junio del año 2020 la ilegitima sala constitucional intervino irregularmente a los partidos AD, PJ y VP, sus autoridades legítimas fueron desincorporadas y sustituidas por dirigentes cercanos al gobierno de facto de Nicolás Maduro, siendo previamente expulsados de sus respectivos partidos. “Lo anterior deja en evidencia la falta de independencia judicial en Venezuela toda vez que el juez constitucional decide lo que se requiere para proteger los intereses del gobierno de facto sin importar que tan irracional pueda ser dicha decisión”.
Además, la Comisión tuvo conocimiento de la aprehensión ilegal de 6 miembros de la presidencia interina, cuyos actos se extendieron también a su círculo interno dejando un saldo de 5 familiares y amigos privados de libertad.
Asimismo, se observo un ciclo continuado de persecución en contra de la disidencia política, al punto de materializarse en la detención arbitraria de un diputado, un concejal y dos dirigentes políticos de partido democráticos, resaltó.
El documento presentado por el abogado Huberto Prado, detalla que la Comisión Presidencial ha buscado promover la ratificación de protocolos y tratados internacionales tales como el Protocolo de San Salvador y el Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, de la misma manera se han presentado 4 solicitudes de Medidas Cautelares y más de 200 llamados urgentes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Así mismo dijo que la Comisión ha colocado el contenido de este informe en manos de los organismos internacionales de protección, especialmente para cumplir la recomendación de la FFM de acelerar el proceso de examen preliminar ante la Corte Penal Internacional (CPI) y de cumplir la aplicación de la jurisdicción universal respecto de aquellas personas responsables de violaciones graves contra los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad.