El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Dina’ ha solicitado informe a Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la petición de una acusación popular -‘Pro Lege’- que ha pedido la imputación del candidato de Unidas Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.
Por: 20 MINUTOS
Según confirman a Europa Press fuentes jurídicas, el magistrado Manuel García-Castellón ha dado traslado del escrito de esa acusación popular al Ministerio Fiscal a través de una diligencia firmada por el letrado de la Administración de Justicia, y ahora la Fiscalía deberá pronunciarse al respecto en próximas fechas. No obstante, según otras fuentes consultadas, el magistrado no tiene en mente citar en ningún caso a Iglesias antes de que se produzcan las elecciones el 4 de mayo.
Se da la circunstancia de que el líder de Podemos al haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento, algo que abre la puerta a que el magistrado que instruye el caso ‘Dina’ pudiera citarle como investigado en esa causa.
Iglesias ostenta hasta ahora la condición de perjudicado
En esa pieza separada número 10 de ‘Tándem’, en la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, a finales de 2015 y el posterior uso de los archivos que contenía, el secretario general de Podemos ostenta hasta ahora la condición de perjudicado.
Y esto a pesar de los esfuerzos del magistrado instructor que trató sin éxito que el Tribunal Supremo investigara en octubre de 2020 al líder ‘morado’ por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa -o simulación del delit-.
García-Castellón envió esa exposición razonada al Supremo indicando que Iglesias recibió en buen estado del periodista Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
El Supremo devolvió la causa
El magistrado apuntó entonces además para sostener los delitos que le imputaba que Iglesias habría devuelto a su asesora la tarjeta inoperativa, y que trató con su equipo jurídico de simular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en un medio digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015.
Pero el Supremo concluyó que debía devolver a la Audiencia Nacional el asunto a fin de que llevara a cabo varias diligencias ampliatorias, entre ellas la declaración de Dina Bousselham, para que fuera oída acerca de si efectivamente denunciaba los hechos relacionados con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, según recordaba el auto, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos.
Tras el revés de la negativa del Supremo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 volvió a quedarse con la instrucción y a pesar de que lo que aconsejaba el Supremo era citar a Bousselham, se optó por poner el foco primero en el supuesto delito de daños informáticos y envió de nuevo la tarjeta SD a la policía científica. Ahora, las nuevas diligencias dependen de lo que arroje el informe pericial que elaboren los agentes, y de si realmente se puede tener acceso a los archivos que contiene.
Pero los tiempos de análisis de la tarjeta no van acompasados con la urgencia electoral, por lo que aunque el juez quisiera tener sobre la mesa un informe para tomar las decisiones oportunas, es probable que este no llegue pronto. Con todo, a esta realidad se suma que los jueces suelen evitar tomar decisiones que pudieran suponer una interferencia en periodos electorales.