Vente Venezuela en el estado Miranda recientemente ha publicado un documento de fondo que versa sobre los proyectos de leyes relacionados con las ciudades y el parlamento comunales.
El documento en cuestión cuestiona al Estado Comunal, asegurando su inconstitucionalidad, a la vez que considera que el parlamento fraudulento del régimen carece de legitimidad para tratar la materia.
A juicio del Coordinador Estadal de Vente Venezuela en el estado Miranda, la “dirigencia municipal y estadal, tras una intensa discusión, reafirma que vivimos desgraciadamente el Estado Comunal y sus nefastas consecuencias, desde hace más de una década, pretendiendo darle ahora un maquillaje político y jurídico imposible, porque en la Constitución no se menciona nada que se parezca al Estado y el poder popular”
Aseveró que “Vente Miranda ha palpado el sufrimiento de todos quiénes habitan esta entidad federal, oponiéndose a un esperpento que nos hundió en la catástrofe humanitaria, la corrupción y la hiperinflación. Es toda Miranda la que se opone al Estado Comunal, dejando constancia a través de un documento de argumentos irrefutables, como el que presentamos hoy”.
El dirigente estadal seguidamente señaló algunos ejemplos:
“Vivimos ese comunalismo a través de las roscas de llenado y distribución de las bombonas de gas, del escaso número de vacunas que rifan entre los que tienen el llamado carnet de la patria, el desconocimiento de las asociaciones vecinales a favor de los consejos comunales exclusivamente maduritas, el desconocimiento del derecho de propiedad privada mediante las invasiones, las magias del Clap, entre otras facetas”.
Finalizó Luis Barragán alegando que “Vente Miranda expone hoy un juicio crítico frente a los desmanes del socialismo que apela a sendos eufemismos, como el Estado Comunal que en realidad no es otra cosa que expresión de la radical descomposición de un régimen que pretende estafar a la ciudadanía”.
A continuación, el documento íntegro:
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales resulta un adefesio jurídico y político, así como un ataque fulminante al Estado venezolano al que pretende refundar. Busca desplazar a las ciudades tradicionales establecidas en Venezuela, por nuevas designaciones, por nuevos ámbitos geográficos y políticos. Las ciudades comunales son inconstitucionales, no están concebidas por ningún lado en nuestra Constitución.
Buscan fragmentar y reorganizar política y geográficamente el país. Desplazando estados y municipios existentes. Se elimina el voto secreto y directo. En ese sentido, “voceros y voceras” integrantes del “Parlamento comunal” y otras instancias resultarían electos por mayoría simple en reunión asamblearia. Se acabaría así, la representación y la elección secreta y directa. Se prevé la sustitución de los diputados nacionales y a futuro, la propia Asamblea Nacional.
El financiamiento y las actividades inherentes a este ordenamiento de las ciudades competirían, solapando o desplazando definitivamente funciones que le son propias a estados y municipios. El intento de brindar justicia, de invadir espacios, de violar la intimidad del hogar y controlar directamente a los individuos (la primera área de los comités de gestión es la destinada a: tierras urbanas, vivienda y hábitat) busca competir con los órganos judiciales, atacar la propiedad privada mínima (casas de habitación y apartamentos tierras) en pos de otra colectiva e invadir la privacidad. Violando flagrantemente los derechos fundamentales.
Se repite la fórmula del paralelismo político, de organización, de funciones. La pretensión es controlar al máximo, asfixiar, deslegitimar y acabar con mandatarios regionales electos. Es, en buena medida, una previsión ante una muy probable y contundente derrota electoral regional.
Es una burla populista para el ciudadano desprevenido. Se quiere vender la idea de que el ciudadano común ejercerá un “Poder Popular” (discursividad presente hasta en la denominación de los ministerios que quiere remarcarse y expandirse), cuando se trata de una mayor centralización y control del poder ejercido de forma vertical. El castigo de los incumplimientos de órdenes es la revocatoria o la sustitución.
El Estado Comunal es un rotundo fracaso comprobable. Sobran los ejemplos de discriminación, con la colocación de vacunas en Miranda, solicitando el carnet de la patria a adultos mayores, con la distribución parcializada de comidas por el Clap, con el uso y abuso lesivo para la ciudadanía en el acceso a los servicios básico (bombonas de gas, aseo urbano, agua, transporte…), el desconocimiento de la propiedad privada y el control de los colectivos armados, quienes fungen como árbitros de la vida cotidiana, vigilantes, informantes y varias veces represores de la ciudadanía.
Ha sido excluyente, discriminador, inefectivo, presto al dolo, a los retrasos en la atención, toda una estrategia para la vulneración de los derechos ciudadanos con prevalencia político-ideológica, basada en los postulados de un solo partido, el oficial, el PSUV, en procura del fallido “pensamiento único”, de la búsqueda totalitaria de conservación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro.
No hay ni habrá novedad alguna con la aprobación de las leyes referidas a las ciudades y al parlamento comunal, porque se han impuesto de hecho a partir de la derrota que sufrió el proyecto de reforma constitucional del chavismo, en 2007. El pseudoparlamento del régimen, con el que la usurpación se obsequió a sí misma, no tiene competencia alguna para legitimar el exabrupto que ha violentado la Constitución de 1999. Debe ser, por tanto, rechazado. El Estado Comunal fue derrotado por la ciudadanía en referendo en diciembre de 2007 y aun así, arbitrariamente, este régimen ha procedido a su desautorizada implementación.
Vente Miranda rechaza y condena la pretensión de consagrar legalmente al Estado Comunal que ha impuesto de hecho el régimen socialista, en no pocas ocasiones de manera brutal, cuando se le hace la menor resistencia. Y, así, solidarizándonos con los mirandinos, nos aprestamos a combatirlo cívica y pacíficamente.