Una reciente investigación pone en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el Gobierno de Venezuela para dominar la comunicación y silenciar las voces disidentes. Una situación que no es nueva, según expertos, pero que se agravó desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Por Belén Mora / vozdeamerica.com
Daniel Suaárez, uno de los investigadores a cargo del reporte del centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital.
“Al final lo que ellos quieren es acallar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura internamente en estas plataformas que no solo abren la conversación en el país, sino en el mundo”, explica a la Voz de América el investigador del Atlantic Council.
Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o a contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas.
Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, ente que monitorea la libertad de expresión en Venezuela, afirma que, si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia.
“Un aumento de los casos de persecución a personas por la utilización de redes sociales o un aumento de los casos por la distribución de información en redes de mensajería como WhatsApp, entonces eso habla de que es allí donde está circulando la información”, señala Correa a la VOA.
De acuerdo con la investigación, el Gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero, ligados al carnet de la patria.
Aunque esto no es algo ni novedoso ni exclusivo de Venezuela, lo que llama la atención de los investigadores es su potencial para influir en la conversación y saltarse los controles internos de estas plataformas.
“Son cuentas humanas que hacen un trabajo dedicado a estas redes sociales”, expone Suárez, agregando que en muy corto tiempo “de horas o de días, podrían lograr millones de menciones”, explica.
Ante este panorama, el investigador del Atlantic Council señala que para los venezolanos en el país es “muy complicado” informarse fácilmente con fuentes confiables.
Para Correa, por su parte, informar en la nación suramericana “tiene costo, informarse en Venezuela tiene costo, tiene costo desde la perspectiva de derechos humanos”.
Recientemente la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19, lo que le valió críticas por parte del mandatario venezolano.
“Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están encima de la Constitución de los países, de las leyes nacionales, de la ley internacional, ellos se creen que están por encima de los derechos a la libertad de expresión”, indicó Maduro en su momento.
Si bien el estudio delinea las dificultades que experimentan los venezolanos para acceder a información, los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa.
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