La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este viernes como una afrenta a la libertad de prensa el nuevo allanamiento a las oficinas de la revista nicaragüense Confidencial y lamentó que el Gobierno de Daniel Ortega utilice recursos judiciales contra los medios independientes.
La SIP detalló que la Policía Nacional de Nicaragua allanó la mañana del jueves el estudio de grabación de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, como también la redacción del medio digital Confidencial.
“Es evidente que el Gobierno de Daniel Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes, así como a sus opositores políticos, para allanar su camino hacia las elecciones de noviembre”, señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Según la SIP, con sede en Miami, el Gobierno de Ortega “viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores”.
“Esta grave afrenta contra la libertad de prensa en Nicaragua merece nuestro más profundo repudio”, agregó Canahuati.
Las oficinas allanadas fueron instaladas de forma provisional tras el asalto y la confiscación de su sede en diciembre de 2018.
En una denuncia pública, Carlos Fernando Chamorro, director del grupo de medios de la revista, informó sobre los detalles de la censura indirecta a la que quedaron expuestos los medios, recordó la SIP.
El Gobierno de Ortega “tiene la clara intención de silenciar a la prensa independiente, lo cual no ha logrado por la perseverancia, la transparencia y el sentido de responsabilidad de los colegas nicaragüenses, que se enfrentan a una dictadura que insiste en suprimir las libertades sociales e individuales”, manifestó Canahuati.
La policía confiscó cajas y equipos del estudio de grabación y detuvo durante seis horas el camarógrafo Leonel Gutiérrez, quien fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial.
Asimismo fueron arrestados varios periodistas que cubrían el allanamiento, precisó la SIP.
“Además de la prensa, el régimen busca frenar las distintas alternativas políticas”, dijo por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
El Ministerio Público citó a Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, exdirectora de la organización Fundación Violeta Barrios de Chamorro y hermana del director de Confidencial, para que responda este viernes por una acusación por presunto delito de lavado de bienes y activos.
La Fundación suspendió sus operaciones en el país en febrero tras negarse a seguir operando bajo el control de ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que exige a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse como “agente extranjero” y declarar las donaciones que reciben.
EFE