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Mientras que las actividades de combate entre paramilitares y guerrillas han recibido una atención considerable por parte de los académicos, pocos han estudiado las repercusiones de los enfrentamientos entre guerrilleros, como el caso de los sucedidos entre las Farc y el Eln en Arauca, Colombia y Apure, Venezuela, entre el 2006 y el 2010. Este tipo de enfrentamientos son menos predecibles y a menudo ocurren a pesar de períodos previos de mutuo respeto o colaboración.
Por Annette Idler / elespectador.com
Este «combate contradictorio» inflige violencia sobre las comunidades locales e influye en la seguridad ciudadana en un nivel más estructural. Derrumba lo que hasta ese punto había sido la lógica de lo apropiado de las reglas de comportamiento que resultaban de la «enemistad» entre los grupos de izquierda y derecha, así como de la «amistad» entre varios grupos de izquierda y el gobierno venezolano de izquierda.
La guerra entre guerrillas trastorna la mirada de la gente sobre ese mundo tan familiar en el que el combate sucede entre «enemigos» y no entre aquellos que han sido «amigos». También invalida los valores compartidos entre los dos grupos, valores que de otro modo reducirían la desconfianza y la sospecha entre ellos y frente a la población local. Estas ramificaciones se suman a las graves consecuencias psicológicas que se derivan de la violencia.
Durante la primera mitad de la década del 2000, la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe fortaleció las fuerzas estatales en Arauca, mientras que el Bloque Conquistadores de Arauca paramilitar debilitó la base social de las guerrillas. Tomó el control de la tierra usada para cultivar coca y de algunas partes estratégicas de las rutas de tráfico de cocaína, así como también de los flujos financieros, incluyendo los reclamos de las regalías que el Estado otorgaba a las administraciones locales.
En ese momento, las poblaciones de Arauca y Apure estaban acostumbradas a la «enemistad» entre las guerrillas y el Gobierno colombiano, y entre las guerrillas y los paramilitares. En este contexto, era sobre todo la supervivencia y no tanto la afinidad ideológica la que justificaba la obediencia de la gente frente a las reglas de los guerrilleros o los paramilitares. La guerra en sí misma se explicaba por la enemistad de decenios y contribuía a la normalización de la violencia entre estos dos frentes de batalla, incluso en el lado venezolano de la frontera.
Después de un incidente en el 2004, que dejó muertos a seis soldados venezolanos y a una empleada de una petrolera venezolana, las Farc distribuyeron panfletos de propaganda entre la población fronteriza, con fecha 21 de septiembre del 2004. Ese panfleto señalaba a los «paramilitares patrocinados por el gobierno [sic] colombiano» como «elementos provocadores de extrema derecha en el área, dedicados a desestabilizar el proceso revolucionario liderado por el presidente Hugo Rafael Chávez en Venezuela».
En el caso de otro panfleto, con fecha 30 de septiembre del 2004, las Farc acusan a las autoridades locales venezolanas de abusar de la población del territorio fronterizo controlado por las Farc al cobrarles impuestos a los miembros de la comunidad «hasta por reírse» y al atacar a los campesinos, y denuncian que estos operan en complicidad con los servicios de inteligencia colombianos «al estilo paraco». Pasando por alto las fronteras estatales, el panfleto invita a la «población colombo-venezolana» a seguir apoyando a las estructuras políticas y militares de las Farc.
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