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Cuando los Chagmana–Moposita salieron de su casa para comercializar frutas en Ibarra, una ciudad en Ecuador ubicada a cuatro horas en auto de Pinllo, la parroquia donde viven, no se imaginaron que sería la última vez que verían con vida a su hija de 10 años y a su hijo de 14. Los Chagmana-Moposita dejaron su casa un jueves por la noche y al regresar la madrugada del viernes, encontraron a sus hijos muertos. Alguien los había asesinado. Todo ocurrió el 13 de diciembre de 2019.
Por Infobae
Aunque ha pasado más de un año desde el terrible hecho, puede que ahora los padres de los niños encuentren justicia. El sospechoso del asesinato es un ciudadano rumano que realizaba labores de albañilería en la casa de los Chagmana-Moposita. Adrián Secuiu, de 33 años, era el único que sabía que los niños estaban solos. Los menores asesinados, según informó la Fiscalía General del Estado, tenían heridas producidas por un objeto corto punzante. El viernes del trágico suceso, el rumano Adrían Secuiu no se presentó a trabajar, lo que incrementó las sospechas en su contra.
Desde enero de 2020, Secuiu ingresó en la lista de los más buscados de Ecuador. La Fiscalía pidió que se emitiera la alerta de difusión roja para su pronta localización y captura. Las autoridades ecuatorianas, según recogen medios locales y peruanos, determinaron que el sospechoso huyó con destino al Perú.
En abril de 2021, 15 meses después de la emisión de la alerta internacional, Secuiu fue detenido por agentes de la Interpol en Lima, capital de Perú. La Fiscalía del Ecuador y otros órganos judiciales coordinaron la extradición del rumano a Ecuador. Secuiu llegó al país el 3 de junio de este año.
Ahora, Secuiu será trasladado a Ambato esta semana. Allí será puesto a órdenes del Juez de Garantías Penales, Geovanny Borja Martínez. Una vez que se emita la boleta de encarcelamiento, se realizará el sorteo para que el proceso pase a uno de los Tribunales Penales, que señalará fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.
La Fiscalía ha informado que “ha recabado abundante prueba testimonial, pericial y documental con el propósito de obtener una sentencia condenatoria con el máximo de la pena y a su vez, lograr justicia y reparación integral a favor de las víctimas, que son los padres de los niños”.
Este caso, según señaló la Fiscalía en un comunicado, se judicializa por el delito de asesinato. Este crimen está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la circunstancia agravante del artículo 47 numeral 11 del mismo cuerpo legal, que corresponde a cometer la infracción en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Secuiu se enfrenta a una pena de entre 22 a 26 años de cárcel.
Cuando se conoció del caso, en 2019, la fiscal de flagrancia, Susana Llumiquinga, informó a medios locales que en el asesinato se usó “una especie de arma blanca, como vidrio, para herir en el cuello a la niña. Al hermano lo golpearon en la cabeza. Se descarta robo y no había forzamiento en las puertas”.
En ese momento, la fiscal Llumiquinga indicó que el asesinato podría ser una venganza. “No es robo porque todo estaba en su lugar. No hay forzamiento de las puertas de la vivienda. Estamos investigando. Quien los asesinó sabía que los niños estaban solos. Presumimos que fue una venganza”, indicó la fiscal a medios locales.
Cuando se publicó sobre el caso, en 2019, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, expresó sus condolencias por el asesinato de los menores y rechazó los actos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes del país.