El abogado británico Karim Khan tomó este miércoles el relevo de la Oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y se hizo cargo de una larga lista de casos heredados de su predecesora, Fatou Bensouda, incluidas las tensiones con países africanos, o los crímenes en Afganistán y Palestina. “Me comprometo solemnemente a cumplir con mis deberes y ejercer mis poderes como fiscal de la CPI de manera honesta, fiel, imparcial y consciente”, declaró Khan, al jurar su cargo en una ceremonia en la sede del tribunal, para el que fue elegido el pasado 12 de febrero por un periodo de nueve años.
Por La Razón
En su primer discurso como fiscal, señaló que la CPI lamentó que “en pleno siglo XXI, gente moderna esté cometiendo crímenes medievales: violación, esclavitud, asesinatos, torturas, ataques contra la identidad, todas formas de persecución y destrucción de la propiedad cultural, tienen lugar mientras hablamos”. Además, subrayó la necesidad de dar prioridad a hacer justicia en los países de origen o en la región, cerca de las víctimas, porque la CPI es un tribunal de “último recurso”, alejado del lugar donde se cometen los crímenes.
Mencionó igualmente la “falta de balance de género y (representación) geográfica” en la oficina del fiscal, algo que consideró que “debe ser tratado con urgencia”, al igual que el acoso denunciado por empleados. Junto al reto de extender la jurisdicción de la CPI a otros Estados, Khan se enfrenta a tareas como decidir sobre el destino de varios casos bajo examen preliminar, como Bolivia y Venezuela, la admisibilidad de casos sobre Colombia, Filipinas o Guinea, o las investigaciones por los crímenes contra los rohinyá en Myanmar, los crímenes en Darfur (Sudán), la República Centroafricana, Libia, Kenia o Mali.
También debe decidir si continúa investigando posibles crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos, después de que Bensouda considerara que hay suficientes evidencias de que tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos cometieron presuntamente crímenes sobre los que la CPI tiene jurisprudencia.
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