La Asamblea Nacional electa en 2015 recibió en 2020 el tiro de gracia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que, además, creó las condiciones para que el partido de gobierno se hiciera con este poder en las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre. Así lo denunció Acceso a la Justicia, en su informe anual La consolidación de un régimen autoritario en Venezuela: Sin parlamento ni derecho al voto.
En el reporte, de veintiocho páginas de extensión y publicado esta semana, la organización recordó que el máximo juzgado le arrebató al Parlamento dominado por la oposición la potestad de elegir al Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la excusa de que incurrió en omisión legislativa, pese a que ya había nombrado al Comité de Postulaciones Electorales. Pero el organismo rector del Poder Judicial, a través de su Sala Constitucional, no solamente nombró a los árbitros, sino que además los autorizó para modificar las reglas de juego y cambiar al que, hasta ese momento, era considerado como el mejor sistema electoral del mundo.
En el informe se recuerda lo siguiente:
«Las nuevas reglas dictadas por el CNE no respetaron el sistema electoral constitucional (…) Se aumentó en 66% el número de escaños del Parlamento, el cual pasó de 167 a 277, violando el artículo 186 de la Constitución. Se redujo la proporción de diputados a ser electos nominalmente de 70% a 48% (133), al tiempo que se incrementó el número de aquellos que son electos proporcionalmente hasta 52% (148). Se creó un mecanismo adicional llamado “lista nacional”, algo que no existe en ningún instrumento legal venezolano; y por medio del cual se escogen 48 diputados. Se alteró la forma en la que las comunidades indígenas escogen a sus representantes ante la AN».
Las sospechas de que las modificaciones legales lejos de garantizar el pluralismo político, como aseguró en su momento la Sala Constitucional, en realidad buscaban asegurarle al partido de gobierno el control de la AN fueron corroboradas con los resultados oficiales de las legislativas del 6 de diciembre pasado.
«Los resultados fueron: el 69,34% del voto lista nacional a favor de la alianza Gran Polo Patriótico (partido de gobierno y afines), al tiempo que la distribución del voto “opositor” fue la siguiente: 6,95% a favor de Acción Democrática; 4,56% para El Cambio; 4,43% para la alianza de Avanzada Progresista/Movimiento Ecológico/Cambiemos; 4,18% para la alianza Primero Venezuela/Voluntad Popular/Venezuela Unida; y 2,82% para Copei, entre otros; mientras que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) fuera del bloque chavista obtuvo el 2,73% de los votos. Lo más relevante de estas cifras es que la alianza chavista quedó sobrerrepresentada, puesto que con el 69,34% de los votos obtuvo el 91,34% de los escaños al Parlamento (253 de un total de 277 diputados), mientras que la oposición se adjudicó 20 diputados; el PCV 1 diputado, a lo que se agregaron 3 diputados indígena».
Todo a la medida
Acceso a la Justicia recordó que el TSJ no solo maniobró para garantizarle al partido de gobierno las condiciones más ventajosas en las urnas, sino que incluso le escogió a sus contrincantes en los comicios.
«El mismo TSJ empezó a intervenir partidos de oposición y progobierno, imponiéndoles nuevas directivas con personas afines al Gobierno de Maduro. También habilitó a otras toldas no inscritas en el CNE por haber sido ilegalizados en algún momento por el máximo tribunal, todo ello con el fin de crear una oposición a la medida para las venideras elecciones parlamentarias. Por su parte, el CNE también intervino un partido, Nueva Visión para mi País (Nuvipa)».
En cuestión de semanas el máximo juzgado destituyó las directivas de los opositores Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo; y de los prooficialistas Patria Para Todos (PPT) y Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro).
Hasta el más mínimo detalle
Sin esperar a que la AN electa en 2015 asumiera sus funciones, el TSJ comenzó a actuar contra ella y esto no cesó ni por un minuto en los cinco años de su mandato. En 2020, la Sala Constitucional incluso llegó a inmiscuirse en el conflicto generado por la elección de dos juntas directivas en la sesión de instalación del Parlamento el 5 de enero del año pasado y avaló a la que encabezó el diputado Luis Parra.
La intérprete de la Carta Magna tomó esta decisión, pese a que Parra fue incapaz de comprobar que tenía los votos necesarios para ser electo.
En el último lustro, el TSJ dictó más de un centenar de sentencias contra la AN de mayoría opositora, mediante las cuales anuló casi la totalidad de las decisiones que tomó, incluyendo leyes o reformas de leyes; y además le arrebató las potestades que le da la Constitución para aprobar el presupuesto, designar funcionarios y fiscalizar la labor del Gobierno mediante interpelaciones u otros mecanismos de control a ministros y otros funcionarios.
Sin embargo, el cerco judicial al Parlamento desapareció en el mismo momento en que el Parlamento oficialista se instaló, sin decidir en cinco años sobre el proceso judicial que sirvió para anularlo, otra prueba de que el mismo solamente fue una maniobra política.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La AN es un pilar fundamental dentro del modelo constitucional venezolano, pues no solamente tiene la potestad de legislar, sino que además nombra a los miembros de tres ramas del Poder Público y tiene potestades contraloras del Gobierno. Asimismo, es el foro político por excelencia y la instancia que debe representar al país en su conjunto, tanto a quienes están con la mayoría política circunstancial, como a quienes están con la minoría.
Durante un lustro fue el único poder del Estado que no estaba en manos del Ejecutivo; por eso desde este y desde el TSJ se lanzó una estrategia para bloquearlo. Esta política no cesó sino hasta que el oficialismo logró hacerse con el Legislativo en las elecciones del 6 de diciembre de 2020, en las cuales no participó el grueso de los electores y que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.
La manera como el oficialismo retomó el control de la AN agudiza la grave crisis institucional que sufre el país, la cual ha devenido en una emergencia humanitaria.
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