Venezuela atraviesa por la más dura crisis económica, política y social en su historia moderna. La realidad actual es evidente: el tamaño de la economía venezolana se ha encogido a una quinta parte de lo que era ocho años atrás. De allí que urgen cambios en materia económica y legislativa
que promuevan la inversión privada (nacional y extranjera) para así retomar el camino del crecimiento y desarrollo.
Si queremos estimular al sector privado para que invierta, se requiere tener un enfoque integral sobre la problemática. Si bien es apremiante invertir recursos en infraestructura (electricidad, combustibles, agua, vías de comunicación, entre otros), también es necesario generar confianza y seguridad jurídica, mediante un marco legal simplificado y con reglas claras, que facilite la inversión, los procesos de producción, de comercialización y de exportación.
Mientras haya más regulaciones y controles, más difícil será convencer al sector privado para que invierta. Hoy existen en el país un sinfín de alcabalas y trámites burocráticos que entorpecen y hasta paralizan las operaciones de las empresas en casi todas las áreas, haciendo prácticamente imposible cumplir simultáneamente con todas las obligaciones vigentes, especialmente para las empresas medianas y pequeñas que no disponen de personal y asesores para realizar dichos trámites. La burocracia lenta, los procedimientos administrativos demasiado complejos, el exceso de leyes, normas y controles, así como el enorme poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos supervisores de su actuación, favorece la aparición de múltiples signos de corrupción, con un gran costo económico para el país.
En varias ocasionesse ha intentado simplificar losrequisitos y trámites para dinamizar la economía e impulsar los procesos productivos. En el año 2014 fue publicado en Gaceta Oficial No. 40.540, el Decreto-Ley donde se crea el Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos (INGETYP), con la misión de crear taquillas únicas y eliminar trámites y autorizaciones innecesarias.
Si bien dicho instituto eliminó algunos requisitos en la tramitación de documentos por parte del ciudadano común, es muy poco lo que ha hecho hasta la fecha para simplificar requisitos burocráticos que obstaculizan impulsar la economía. Más recientemente, el 9 de junio del año en curso, fue publicado en Gaceta Oficial No. 42.145, el Decreto No. 4.525, el cual busca facilitar los procesos de exportación de varios productos agrícolas mediante la dispensa de algunos certificados, permisos y licencias exigidos por los órganos de la Administración Pública para los trámites de exportación. Aunque es un paso importante en la dirección correcta, por sí solo, no es suficiente. Asimismo, consideramos que la potestad aduanal debe volver al SENIAT, como era anteriormente, en lugar de la Guardia Nacional, como es ahora.
Para ilustrar dicha realidad, mencionamos las palabras de un empresario venezolano, presidente de una empresa chocolatera de renombre mundial y quien, en medio de una conferencia de productores mundiales de chocolate llevada a cabo en España, afirmó que “para el año 1999, en Venezuela sólo se requerían cuatro (4) pasos administrativos para gestionar el proceso de producción y exportación del cacao. En cambio, para el año 2016 un productor debía cumplir con noventa (90) trámites burocráticos de documentación en diecinueve (19) ministerios distintos”.
Esta situación se presenta desde el contexto más cotidiano y simple hasta en el más complejo. Si un individuo desea obtener un documento en Venezuela, terminará cayendo en la disyuntiva terrible que se le presenta: o se pliega a lo que le piden o no obtiene lo que necesita. La alternativa, la denuncia, es poco viable en un sistema que se ha ido desarrollando para proteger a la burocracia de la reacción ética del ciudadano. Si bien el Estado fue concebido como la representación ideal de la nación y existe con el fin de garantizar la igualdad ante la ley, la realidad es otra: en Venezuela predomina la discrecionalidad burocrática de los funcionarios públicos.
Mientras en Colombia se puede registrar una empresa en uno o dos días, en Venezuela puede tomar hasta un mes e incluso más. A esto hay que sumarle todas las leyes que regulan fuertemente la actividad empresarial, los costos asociados a actividades muchas veces absurdas y a políticas punitivas incluidas en las leyes. El resultado es una alta informalidad que es difícil revertir y llegar a controlar. No hay estímulo para hacer las cosas bien y de manera organizada.
Tradicionalmente, tanto en Venezuela como en otros países del mundo, la lucha contra la corrupción ha sido fundamentalmente punitiva, a través de leyes que castigan a quienes se aprovechan de su cargo público para beneficio propio. Pero los resultados en ese sentido han sido muy pobres. Donde haya la posibilidad de obtener beneficios económicos, habrá funcionarios públicos dispuestos a arriesgarse con tal de sacar provecho de la situación. Por lo tanto, es momento de una aproximación distinta para luchar contra dicho flagelo. El exceso de regulaciones y normas, permiten a dichos funcionarios hacerse de un poder discrecional que termina ahogando la iniciativa privada. La única forma de evitarlo es simplificando profundamente el marco jurídico administrativo y valorizando simultáneamente la administración pública, que debe contar con personal de carrera profesional bien remunerado, y cuyo norte sea la prestación de sus servicios a la sociedad sin sesgos ideológicos y evaluados únicamente en función de la calidad de su trabajo. Ante el reciente planteamiento hecho por el Gobierno Nacional para estimular la inversión privada, proponemos revisar y simplificar todas las políticas públicas, leyes, controles y regulaciones que inhiben la confianza empresarial y las posibilidades de inversión. De allí que la Cámara de Comercio de Maracaibo recomienda el establecimiento de una Comisión Presidencial conformada por representantes del Gobierno y empresarios, que busque simplificar el marco legal y la permisología requeridos en la actualidad y que actúan como una camisa de fuerza que desestimula la inversión y los procesos productivos, y que obstaculizan las exportaciones. Nadie conoce mejor los requisitos y trámites que dificultan el desarrollo, que los empresarios del sector privado involucrados en los procesos productivos.
Finalmente, no hay posibilidad de desarrollo en Venezuela sin seguridad jurídica que garantice los derechos de los individuos con leyes justas, sensatas y que protejan la propiedad. Esto, sumado a un marco jurídico simplificado, son determinantes para estimular el regreso de los capitales en
medio de una disminución significativa de las oportunidades de corrupción. Para ello, solo hace falta voluntad política para el cambio. El Gobierno Nacional y la élite política de este país ahora tienen la palabra. Es su turno para actuar.
Comunicado de prensa