Llega el día de cobrar la quincena y no les aparece ni un bolívar. Esa es la historia de al menos el 30% de los trabajadores de la administración pública que denuncian suspensión de salarios de manera injustificada y sin ser notificados, por lo que los empleados lo califican como un “despido indirecto”.
Por laprensalara.com
Afirman que el patrono tomó la medida contra el trabajador que no acude a su puesto de trabajo desde que comenzó la pandemia.
El Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Lara (Seepel) registra que en Lara existen aproximadamente 15.000 trabajadores en la administración pública, incluyendo los sectores de salud, educación, seguridad y otras instituciones, de los cuales unos 4.500 presentan suspensión del sueldo. Afirman que se sienten desamparados por parte del patrono.
“Están violando el derecho de los trabajadores, se sienten desamparados, pero el patrono no entiende el por qué no asisten a sus puestos de trabajo” dijo Julio Marín, presidente de Seepel, asegurando que con lo que ganan no les da ni siquiera para pagar el pasaje y aun así les suspenden el salario en lugar de buscar una manera para que puedan vivir.
Desde Seepel aseguran que ese acto es ilegal, porque en primer lugar existe una inamovilidad laboral y ellos consideran que al suspender el salario a un trabajador se trata de un despido indirecto, además que el procedimiento que hacen no está entre las normas porque ni siquiera le envían una notificación bien sea por escrito o verbal, sino que los dejan desasistidos de un momento a otro.
En el caso de empresas que están a cargo del Gobierno nacional, como Corpoelec, en los últimos meses han suspendido el salario a 140 trabajadores, pero se profundizó en la última semana, cuando les fue eliminado el pago a 40 trabajadores y además los sacaron del sistema.
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