El repunte de contagios de coronavirus en EE.UU. está extendiendo el muro virtual establecido en la frontera sur del país para evitar el ingreso de indocumentados debido a la emergencia sanitaria, un argumento que ahora están usando gobiernos locales para evitar la llegada de inmigrantes a sus ciudades.
La propagación de la variante Delta del COVID-19, que ya representa el 83 % de los contagios en Estados Unidos, mantiene preocupados tanto al Gobierno federal como a los estatales y locales, que están extendiendo criterios para evitar que los contagios se eleven.
FRONTERAS CERRADAS
Un ejemplo de ello fue la decisión de este miércoles del gobierno del presidente, Joe Biden, de extender hasta el 21 de agosto las restricciones en los viajes no esenciales en las fronteras terrestres con México y Canadá, a pesar de los constantes llamados de los comerciantes fronterizos para acabar con el cierre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la medida para “para disminuir la propagación de la COVID-19, incluida la variante Delta”.
EL TÍTULO 42
De la misma forma se espera que el gobierno continúe con la aplicación del Título 42, una norma instaurada por la administración de Donald Trump (2017-2021) que permite expulsar de inmediato a los indocumentados que llegan a la frontera debido a la emergencia sanitaria.
La norma ha sido severamente criticada por los defensores de los inmigrantes, que han pedido su cancelación desde los primeros días de la llegada del demócrata a la Casa Blanca.
“No lo va retirar en este momento el Titulo 42. La variante Delta le está dando al Gobierno de Biden un espacio político que necesita para extender al menos un mes más esta medida”, advierte a Efe Raúl Hinojosa, profesor miembro de Iniciativa de Pólizas y Política para Latinos de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Añade que el presidente está enfrentando dos encrucijadas: Manejar la situación de la frontera y, la más importante, lograr la aprobación de la reforma migratoria.
“No puede convencer a los demócratas de estados conservadores de apoyar una legalización si la frontera no está controlada”, insiste el catedrático.
Y es que el Título 42 ha permitido al Gobierno expulsar a la mayoría de los inmigrantes detenidos. Por ejemplo, de los 1,1 millones indocumentados detenidos en la frontera sur en lo que va del actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2020, más de 750.000 han sido expulsados por medio de esta medida.
Ante la posibilidad de que el Gobierno termine con la aplicación de la medida los republicanos e incluso líderes demócratas de la frontera sur han pedido un plan alternativo.
LA EXCUSA DEL CORONAVIRUS PARA DEMANDAR
Mientras, gobiernos locales diseñan ya sus propias medias. Precisamente la ciudad de Laredo, en Texas, argumenta la emergencia médica en una demanda contra el DHS para detener la transferencia de migrantes del Valle del Río Grande y otras partes de Texas a su comunidad.
La querella presentada el pasado viernes alega que el número de migrantes detenidos en el área de Del Río y del Valle del Río Grande que son enviados a Laredo ha ido en aumento, y con ello la preocupación por los contagios de la covid-19.
En Laredo hay varios refugios que hospedan a los migrantes y ponen en cuarentena a los extranjeros si contraen la covid-19, pero la demanda establece que la abundancia de migrantes a su cuidado se ha extendido más allá de las limitaciones financieras de estas organizaciones.
La acción judicial agrega que Laredo es un área con escasez de profesionales de la salud, por lo que piden al DHS que deje de enviar migrantes a la ciudad hasta que sus refugios tengan mayor capacidad.
PRESIÓN DE ACTIVISTAS
Por el otro lado, Biden también está enfrenta críticas y llamados para poner fin al Título 42, incluso por parte de sus propias filas demócratas.
La legisladora Judy Chu se unió a la campaña Welcome With Dignity y en una conferencia de prensa frente al Capitolio este miércoles advirtió que el Título 42 está afectando especialmente a los solicitantes haitianos y de raza negra.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) comparte las críticas de la congresista y en una evaluación sobre el trabajo de Alejandro Mayorkas, a la cabeza del DHS, la organización asegura que a pesar de que el hispano ha logrado algunos avances al derogar medidas impuestas por Trump ha mantenido el Título 42.
ACLU asegura que esta política “no solo es inhumana, sino que es ilegal” y cita a expertos en salud pública que aseguran que el Título 42 carece de base científica como medida de salud pública, y más teniendo en cuenta que desde México se puede entrar a Estados Unidos vía aérea, pero no terrestre, vía elegida por los inmigrantes menos pudientes. EFE