El régimen de Nicaragua solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia del Covid-19, según informó este domingo una fuente legislativa.
Por Infobae
La propuesta gubernamental fue recogida por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, quien presentó ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, una iniciativa de decreto para cancelar las personalidades jurídicas a las 24 ONG.
La propuesta de Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto. “Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”, según la iniciativa.
Rosario Murillo lo había anunciado
Entre las ONG ilegalizadas están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), que está integrada por 30 organizaciones gremiales y ha expresado sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega por el supuesto manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua.
El 18 de marzo pasado, la AMN demandó al Ejecutivo vacunar “inmediatamente” contra el Covid-19 a todos los trabajadores del sector salud, público y privado.
El pasado 7 de julio, la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, acusó de ser “falsos médicos y con falsos pronósticos” a los galenos que critican la gestión de su esposo, el presidente Daniel Ortega, sobre la pandemia del Covid-19, así como las estadísticas oficiales de personas afectadas.
El jueves pasado, las autoridades de salud de Nicaragua citaron a dos médicos críticos con el manejo de la pandemia, a quienes les advirtieron que estarían violando la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.
La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
La cruzada sandinista contra las ONG médicas se suma a la persecución de todos los críticos al régimen de Ortega. Ayer, de hecho, fue encarcelado el séptimo candidato presidencial Noel Vidaurre.