La Fiscalía colombiana imputará al general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones conocidas como “falsos positivos”, entre los cuales hay cinco menores, se informó hoy.
Según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Efe, Montoya será imputado por el delito de “homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”.
Los “falsos positivos” es como se conoce en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos.
El objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores.
En febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 la cifra de personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe, del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
CAMBIO DE PRIORIDADES
La Fiscalía basará su imputación en que el general retirado desconoció cuando era comandante del Ejército una directiva de las Fuerzas Militares que ordenaba “privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas sobre las muertes en combate, es decir, ordenó cambiar las prioridades operacionales”.
Según lo investigado por ese organismo “el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército, pero no las aplicó”, por lo que siguió evaluando a los comandantes por el número de muertes reportadas en combate.
“De manera consciente el general Montoya desobedeció la orden del comandante general de las Fuerzas Militares en la Directiva 300-28, cuyo fin era prevenir nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Luego de la citada instrucción, se continuaron presentado alertas internas y externas sobre civiles muertos en combate”, agregó la información.
En esa línea, el incumplimiento de la directiva de las Fuerzas Militares derivó en 104 homicidios reportados por unidades del Ejército de las Divisiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima como muertos en combate.
“Ninguna de las víctimas murió en combate, todas estas víctimas estaban o fueron colocadas en situación de indefensión o inferioridad; en estos casos ya hay sentencia condenatorias ejecutoriadas”, precisó la Fiscalía.
EL CASO EN LA JEP
Al conocerse esta noticia, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, celebró la decisión como “un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas”.
“Es una lástima que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica. Durante años, HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya”, escribió Vivanco en Twitter.
Esto porque Montoya se acogió a la JEP en octubre de 2018 en un proceso que incluye 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General, casos que fueron remitidos a la justicia transicional y que al parecer fueron cometidos bajo su mando cuando era comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
En febrero, Montoya declaró por primera vez ante la JEP, comparecencia calificada por las víctimas como “una burla” por su falta de respuestas.
EFE.