Durante los últimos años y con alta frecuencia, el sindicato nacional de trabajadores públicos del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y otras organizaciones de ciudadanos han denunciado ante la opinión pública y, de manera directa, ante las autoridades de Inparques la ocurrencia de ilícitos contrarios a las normas que rigen la gestión ambiental en Venezuela y, particularmente, la gestión de conservación ambiental del pulmón vegetal de Caracas, el Parque Nacional El Ávila (Waraira Repano).
Tales hechos son nota cotidiana en los medios de comunicación independientes. Construcción de mansiones y carreteras; desarrollos que no cuentan con un estudio de impacto ambiental legalmente aprobado; actividades que son contrarias al Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, promovidas y aprobadas por INPARQUES; prestadores de servicios propiciando actividades ilícitas; camiones subiendo ciclistas por decenas para que hagan down hill; aguas servidas derramándose sin tratamiento; nacientes de agua en riesgo de ser degradadas; movimientos de tierra en sectores prístinos.
Según lo reportado a través de un comunicado de prensa emitido por el el sindicato nacional de trabajadores públicos del Instituto Nacional de Parques, cada día aparece una nueva cicatriz en el rostro de El Ávila, cada día se hiere la norma con la que deberían protegerlo, y cotidianamente, por acción u omisión oficial, la protección se relaja con el manido argumento de que el Parque es patrimonio natural de los venezolanos y que, por tal circunstancia, TODOS y TODO tienen cabida allí.
La lenidad de INPARQUES se ha convertido en vía expedita para que El Ávila, como Los Roques, Canaima y San Esteban, se haya convertido en objetivo y asiento de una élite de privilegiados, cuyo factor común es el detentar los dos poderes que mueven al ecosocialismo: el económico y el político. ¿De quiénes son las mansiones en Galipán? ¿Quiénes pueden construir estos nidos del derroche?
Actualmente, en el sector San Francisco, hay una mansión en construcción con una carretera construida para darle acceso, y un movimiento de tierra que interesa el cerro Papelón e INPARQUES, mientras tanto, cuenta las estrellas del firmamento y, con actitud carnavalesca, disfraza de posadas a las mansiones y cambia el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para teñir de legalidad lo que hoy es prohibido.
En todos estos casos de construcciones se viola, olímpicamente, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe nuevas edificaciones en El Ávila y, como si nada, todo esto ocurre porque El Ávila ha sido convertido en TIERRA DE NADIE al recibir, diariamente, una sustanciosa ración de impunidad mezclada con omisiones y vaya usted a saber qué otros ingredientes oficiales.
La legislación ambiental es clara: las autoridades, con carácter preventivo, deben paralizar los ilícitos, e iniciar los procedimientos administrativos y penales para sancionar a los responsables. También es clara al establecer sanciones y penas para los funcionarios que omitan el cumplimiento de sus obligaciones.
¿Cuántos expedientes sancionatorios ha iniciado INPARQUES por los ilícitos que se han cometido y se cometen en El Ávila, cuya ocurrencia es vox pópuli?
Con información de Comunicado de Prensa