El último fin de semana fueron detenidos varios habitantes de los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Los familiares denuncian que no saben dónde están, ya los buscaron en el CICPC, en el CONAS y la DGCIM. Hasta el 18 de agosto nadie les da respuesta, según lo reseñado por RADIO FE Y ALEGRÍAhttps://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-desaparicion-de-detenidos-en-apure/.
Rosa, hermana de Williams José Hernández, aprehendido por funcionarios de la DGCIM, cuando estaba sentado frente a su casa en La Macanilla el día domingo 15 de agosto, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias, que luego de 72 horas de su «detención arbitraria» no sabían dónde lo tenían ni cómo estaba.
Reseñó que habían acudido a las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, CONAS y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Criminalísticas en San Fernando y «nos decían que ahí no estaba, que nadie sabía nada de ese procedimiento».
Igualmente se acercaron a la sede de los tribunales penales en la capital apureña ya que se rumoraba que los detenidos serían trasladados ante el juzgado de control este miércoles, cosa que no ocurrió.
Rosa negó que su hermano estuviese involucrado en actividades políticas y no entiende cuál es la causa de su privativa de libertad. Denuncia que prácticamente su hermano está secuestrado «ya que se le ha violentado su derecho a la comunicación y a tener a un abogado propio».
La esposa de Williams también comentó que «ese día de la redada se llevaron como a 11 personas, entre ellos a dos mujeres, una de la tercera edad».
Contó además, que ese día que se llevaron detenido a su esposo y a las otras personas los funcionarios llegaron sin ningún tipo de orden por parte de un tribunal «y estaban encapuchados».
Fuentes tribunalicias del estado Apure informaron que probablemente más de 50 personas que fueron detenidas durante el fin de semana en poblaciones de los municipios Pedro Camejo y Rómulo Gallegos serían presentadas ante el tribunal militar de la Zona de Defensa Integral de esta entidad llanera.
Los familiares señalan que esta es una medida injusta porque sus parientes no son delincuentes ni guerrilleros para recibir esos tratos.