El Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de DDHH ha publicado esta semana su informe sobre los hechos acontecidos en Bolivia, al menos desde Septiembre del 2019, cuyos aspectos fundamentalesdel estudio fueron: el funcionamiento de la justicia y la falta de independencia; la seguridad pública y la estabilidad democrática; el racismo y el desprecio por los símbolos indígenas; la violencia sexual y de género; la protesta social y la libertad de expresión (agresiones a la prensa).
De su texto consideramos importante resaltar lo más repetitivo e importante que a nuestro parecer, hace que sea necesario buscar la complementariedad de la Justicia Penal Internacional para la identificación de la Inducción y responsabilidad de las autoridades en dichos hechos, y que las victimas y sus familiares tengan justicia.
En las distintas incidencias planteadas se refleja: El abuso y exceso del uso de la fuerza pública antes, durante y después de las Elecciones del 20/10/2019. El uso del Sistema de Justicia para perseguir y su falta de Independencia y pericia para esclarecer los hechos, lo que demuestra la falta de Interés real en la investigación, procesos penales, y resarcimiento a las víctimas. En varias incidencias el levantamiento de cuerpos y exámenes forenses no guardaron los protocolos debidos y no ha sido subsanado. A pesar de la solicitud que la GIEI hizo en varios casos para conocer el alcance de la investigación, se desconocen el estado del proceso, o no existen. También se narran varios hechos en los que simplemente no hay investigación.
Los asesinatos, detenciones, torturas, diversos tipos de violencia sexual y discriminación por motivos raciales fueron ejecutados por distintos sectores civiles y policiales sin distinción de color político. En decenas de Incidencias se desconoce el número de heridos por miedo a la denuncia que existe en la población.
Es importante destacar que la conmoción social que vive Bolivia es producto de años de polarización y división de la sociedad por el discurso político y el desconocimiento de la norma escrita y cambios en su letra, que ha sido expresamente reformada y adapta a conveniencia del Ex Presidente Evo Morales y sus pretensiones de prolongar su mandato de forma indefinida, recordando que desconoció el Referendo del 21 de Febrero del 2016, día en que la mayoría de los bolivianos dijeron No a la reforma constitucional para que Morales pudiera reelegirse nuevamente en el 2019.
Los bolivianos merecen vivir en paz y democracia, y para que esto suceda, debe haber Justicia verdadera. Por eso, el Instituto CASLA considera necesario que todos los hechos reclamados por la sociedad civil como impunes, incluyendo aquellos que sucedieron en años anteriores a la fecha del Informe del GIEI, sean llevados a la Justicia Penal Internacional.
Nota de Prensa