La policía científica tuvo que detener a tres de sus funcionarios junto a unas mujeres por estar involucrados en la presunta estafa y cobro, por venta de soluciones habitacionales promovidas por el estado venezolano.
De acuerdo al reporte, tres femeninas de las cuáles dos quedaron privadas de libertad, y otra quedó con presentación cada 15 días ante el tribunal 13° en funciones de control del área metropolitana de Caracas, se hacían pasar trabajadoras de la “Gran Misión Vivienda Venezuela”, para ofrecerle viviendas dignas a las víctimas.
“Solicitaban una alta cantidad de dinero en moneda extranjera, dando un monto total de veinte mil dólares americanos ($20.000,00 ), y luego de haber recibido el dinero, pierden comunicación con las personas interesadas, sin darle ningún tipo de respuesta, afectando su patrimonio económico”, cita el texto.
Mediante investigaciones de campo, experticias y entrevistas a las víctimas el Cicpc logró la aprehensión de Sulaida Trinidad Aguilera Lezama, Lizaida Lorena Aguilera, y Yorlet Yaxira Bustamante Galindo.
“Asimismo se pudo conocer que las aprehendidas captan a sus víctimas utilizando identidades falsas o usurpando identidad, operando desde la ciudad de Caracas y huyen a sitios despoblados, de difícil acceso y ubicación para ocultarse”.
Tras las pesquisas también se pudo determinar que una de las detenidas realizó una llamada telefónica con la finalidad de retirarse del lugar con el dinero de las víctimas comunicándose con una persona quien se presentó en el lugar a bordo de un vehículo, acompañado con dos personas portando insignias alusivas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y tras un análisis exhaustivo la implicada mantuvo comunicación con José Leonardo Sevilla Escalona, quien es funcionario activo, adscrito a la delegación municipal Santa Teresa, además de tener como colaboradores Carmelo Francisco Carmona, y Jesús Alberto Pacheco Mijares, por lo que se procedió a la aprehensión.
La captura de los individuos se llevó a cabo en la subdelegación Santa Mónica del Cicpc este martes. La fiscal que conoce el caso es Arelis Aponte.