Para Garzón fue una pequeña reivindicación, pero para la izquierda que lo ha ensalzado ha sido una completa debacle porque ha revelado su proyecto totalitario. Un órgano politizado de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, ha dictaminado que Garzón fue inhabilitado en un proceso arbitrario, por lo que el Estado español debería ofrecerle una reparación. Las razones aducidas por la ONU son ridículas, una fantasmada jurídica con un nivel intelectual propio de Pérez Royo, el cual ha argumentado que si la Policía y la Fiscalía se ponen de acuerdo en solicitar algo a un juez, este debe darlo automáticamente por legal. En consecuencia, siguiendo el desvarío del articulista de eldiario.es, si la Policía, el fiscal y el juez se ponen de acuerdo en asesinar a alguien, no habría ningún problema, porque no estarían sino ejerciendo la voluntad general. Que en España los dos profesores de Derecho Constitucional más famosos sean Pérez Royo y Carmen Calvo es revelador del grado de ideologización y mediocridad de cierta universidad.
Otro periódico de izquierda, Infolibre, también defendía a Garzón porque supuestamente otros jueces habían hecho lo mismo, una vulneración del derecho de defensa propia de sistemas totalitarios. A la falacia de la comparación (en todo caso, habría que inhabilitar también a los jueces que antepusieron la eficacia de la investigación a los derechos de los acusados) se suma que se clasifica a todos los jueces según sean conservadores o progresistas, pero se silencia que el magistrado contra el que se dirige la acusación de parcialidad de Garzón es Luciano Varela, reconocido progresista, aunque este sí con prestigio por capacidad e independencia, y que estuvo en otro tribunal que juzgó a Garzón en un caso en el que resultó absuelto.
El caso particular de Garzón entronca con la causa general de la no renovación del CGPJ. He aquí la organización izquierdista Jueces y Juezas para la Democracia (resumamos en juezos):
Lo que traducido al español común significa que los juezos izquierdistas reclaman una sillas en el CGPJ para poder echar una mano a aquellos que los coloquen, del PSOE a ERC y Bildu. No verán pedir a los politizados juezos populistas un cambio en el sistema de elección del CGPJ para que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces. De esta manera se equilibraría el poso ideológico con la profesionalidad objetiva. Porque en la actualidad los miembros del CGPJ están contaminados con el color político de su nombramiento, lo que induce sesgos y preferencias que afectan a su necesaria independencia.
Pero esa es la clave que une el caso del prevaricador Garzón y el del politizado CGPJ: la creencia por parte de gran parte de la izquierda de que la independencia de juicio y la imparcialidad de criterio son requisitos epistemológicos y morales imposibles de alcanzar. Para la izquierda de raíz marxista siempre se interponen, entre la persona que enjuicia y la realidad, tanto la conciencia de clase como la adscripción política y la tan de moda empatía social. Tampoco creen en la Justicia sino únicamente en el Poder. Por ello, cuarenta años después de que la izquierda decretase la muerte de Montesquieu y de la separación de poderes, hoy saltan y escupen sobre sus tumbas. Estando en el Gobierno alguien tan desalmado, siniestro y nihilista como Pedro Sánchez, no hay que descartar que el próximo ministro de Justicia sea Baltasar Garzón para que coincida en el cargo de fiscal general (¿o dirá “fiscala”?) con Dolores Delgado, que según confesaron bebe de la copa del millonario exjuez socialista. Si para Montesquieu el juez es “la boca que pronuncia la palabra de la ley”, para la izquierda los jueces deben ser los siervos que lamen la mano que les da de comer. No todos, claro. Hay quienes son imprevisibles, como Andrés Ollero, mientras que otros son tan rutinarios en sus dictámenes que más que jueces parecen diputados, bocas que pronuncian la palabra que dicta el Gobierno.
Este artículo fue originalmente publicado en Libertad Digital el 5 de septiembre de 2021