Tras la detención el pasado jueves 9 de septiembre de Hugo “El Pollo” Carvajal en Madrid, este lunes la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, un tribunal con sede en la capital española, resolvió suspender la extradición del ex jefe de la inteligencia chavista a Estados Unidos.
Por Infobae
La decisión dejó en el centro de la crítica a los polémicos jueces Alfonso Guevara, Carlos Fraile y María Teresa García por haber frenado la extradición del ex espía venezolano, quien es acusado por Washington de “inundar de cocaína” al país junto con los guerrilleros colombianos de las FARC, de estrecho vínculo con la dictadura chavista.
De los tres magistrados, el de mayor experiencia y, a su vez, el más controvertido es Guevara. Nacido en Salamanca en 1956, es presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. Además de ser caracterizado por su mal genio y malos modos, es conocido por ser sumamente garantista con los derechos de los acusados, sin importar las acusaciones en su contra. Él sigue la legislación al pie de la letra.
Muchos colegas lo consideran un garantista puntilloso, mientras que otros sostienen que no tiene una amplia visión de la realidad a la hora de fallar.
En un artículo publicado en 2012, el diario local El Confidencial lo definió como “todo lo contrario a lo que se espera de un juez”. En ese entonces quedó envuelto en una polémica por haber dejado en libertad a la cúpula de la mafia china, en el marco del caso conocido como “Operación Emperador”.
En noviembre de ese año, obligado por la resolución de la Sección Tercera de lo Penal, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dispuso la libertad del líder de la mafia china radicada en España, Gao Ping, y de otros 11 imputados, entre ellos su mujer Yang Lizhen. Sin embargo, en su resolución aclaró que no compartía la visión de Guevara, quien alegaba que los acusados habían estado ilegalmente más de 72 horas detenidos.
La Fiscalía Anticorrupción también rechazó la puesta en libertad, y, por temor a fugas, solicitó a Andreu que se les imponga a los acusados comparecencias diarias, la prohibición de abandonar España y la retirada de los pasaportes.
A mediados de 2013, dos colaboradores de Ping se dieron a la fuga. Guevara fue duramente criticado por su decisión y fue acusado de haber frustrado uno de los mayores golpes contra el blanqueo de dinero en España.
La cúpula de la mafia china estaba imputada por los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, entre otros.
Su trato arisco y distante siempre hizo difícil el trabajo conjunto con los fiscales. El de “Operación Emperador” no fue el único caso en el que Guevara falló en contra de todos. Años antes había dejado en libertad al terrorista Antonio Troitiño, histórico miembro de la organización extremista ETA. Luego de no aplicar la Doctrina Parot, una norma ideada por otro magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y ratificada por el Tribunal Supremo, tuvo que rectificar su fallo. Pero era tarde: el terrorista ya había huido.
De la misma forma que es recordado por sus enfrentamientos verbales con varios etarras, también es conocido -y cuestionado- por sus sentencias absolutorias a ellos por falta de pruebas, errores en las investigaciones o vulneración de derechos fundamentales.
En reiteradas oportunidades ha tenido fuertes exabruptos contra agentes de Policía, funcionarios de su juzgado o testigos de los casos. Con apenas 30 años, ya había sido denunciado por abuso de autoridad a abogados, testigos y detenidos.
“Sin pruebas válidas no puede haber condena. La gente no puede hacer juicios paralelos. Cualquier acusación hay que demostrarla”, declaró el año pasado en una entrevista con el diario ABC.
Sobre las acusaciones de malos tratos, gritos y abuso de autoridades, respondió: “Yo no pretendo maltratarlos, pero tengo que mantener el orden y atajar las extravagancias. A veces pienso que no me oyen”.
María Teresa García Quesada ocupó en los últimos años el cargo de magistrada en la Sección Tercera mientras que el ahora juez Juan Carlos Campo Moreno, ex ministro de Justicia, se encontraba en “situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial”.
Junto a Carlos Fraile, uno de los casos más resonantes del que participó la magistrada es el conocido como “Tándem”, en el que se investigó el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, asesora del ex vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, quien se vio involucrado y fue investigado por la Justicia.
En octubre del año pasado Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional solicitó al Tribunal Supremo que investigue al líder de Podemos por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
No obstante, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvió a Iglesias la condición de “perjudicado” en el caso y calificó de “meras hipótesis” los argumentos del juez.
En la actualidad, los tres jueces vuelven a estar en el foco de la polémica, en el marco de la causa de “El Pollo” Carvajal. Es la segunda vez que el ex espía venezolano es detenido en suelo español. En abril de 2019 fue arrestado también en Madrid tras entrar al país con pasaporte falso. Pero en ese entonces la Audiencia Nacional denegó su extradición al entender que Estados Unidos lo reclamaba por “una motivación política”, por lo que fue puesto en libertad.
Meses después, en noviembre de 2019, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordó finalmente su extradición, pero Carvajal ya había desaparecido.
Aún fugado, sus abogados recurrieron ante el Tribunal Supremo el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo para ejecutar la extradición después de que fuera autorizada por la Audiencia Nacional, y pidieron la suspensión cautelar de la orden alegando que las imputaciones no eran ciertas y que la única finalidad de Estados Unidos es torturarle para obtener información sobre Venezuela.
Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC para introducir drogas en territorio estadounidense. Gracias a su influyente rol en la estructura criminal de la dictadura venezolana, se presume que posee información muy sensible tanto del dictador chavista, como de la compleja red de corrupción vinculada al narcotráfico.