En Venezuela se han detectado varias vías desde dónde se han desincorporado piezas de hierro y aluminio o cualquiera que parezca material ferroso, para su posterior exportación. De esta manera, se logran captar recursos en dólares al aprovechar el alto precio de la chatarra en el mercado internacional.
Un reportaje de investigación de TalCual junto a reporteros de El Pitazo, en alianza con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y CONNECTAS, devela que el proceso de desmantelamiento de equipos y plantas ha ocurrido en las siderúrgicas y en la industria petrolera estatales, pero también en obras en construcción abandonadas y en depósitos privados, lo que empeora la operatividad de las empresas y la calidad de la infraestructura del país.
El régimen de Nicolás Maduro ha emitido varias decisiones para obtener el control de la recolección y exportación de los materiales ferrosos.
Desde 2018, se emitieron decretos en el cual se califica a estos productos como de «carácter estratégico y vital para el desarrollo de la industria nacional». También se obliga a que toda la chatarra que se produce en el país se venda exclusivamente al gobierno y da potestad a gobernaciones y alcaldías para que recolecten y/o comercialicen estos materiales.
Así, desde hace tres años, los puertos venezolanos se han convertido en depósitos de chatarra; en sus instalaciones se observan montañas de desechos de hierro y aluminio. Donde alguna vez se exportaron productos petroquímicos y hasta vehículos; ahora salen, por partes, los recursos y activos de un país con un parque industrial que produce poco debido a una recesión que lleva más de siete años.
Uno de los casos de este desmantelamiento de plantas se evidencia en las empresas de acero y aluminio, ordenado por las juntas directivas bajo el argumento de que muchos de esos equipos son obsoletos.
Mientras que la chatarra, una de las principales materias primas para este sector, está siendo exportada desde 2019 en grandes cantidades luego que la administración de Maduro se hiciera con el control de este mercado.
En 2020 en plena pandemia se desmontaron dos líneas de Aluminios del Caroní (Alcasa) las cuales tenían una capacidad de producción de 170.000 toneladas anuales, y que generaron más de 20.000 toneladas de chatarra, según afirmó Henry Arias, representante sindical de la empresa. Pero en 2021 les tocó el turno a otras dos empresas: Sidor y Venalum.
La potestad vía decreto de los gobiernos regionales en el negocio del material ferroso dio pie para que funcionarios se presentaran en depósitos de empresas, para llevarse cualquier material metálico como parte de pago por impuestos ambientales.
Testimonios dados para este reportaje de varios constructores revelan que las personas llegan de manera imprevista, con la sola idea de picar con soplete cualquier equipo, incluso en buen estado.
Lee la nota completa en TAL CUAL