Cada vez más, las noticias de nuestro país se insertan en las páginas de sucesos de los medios del mundo. Una buena parte de ellas recuerda los guiones de los Western, con la justicia a la búsqueda de indeseables, sin olvidar a los cazadores de recompensa.
Un ex-capitoste del régimen, con apodo plumífero, quien ya en una oportunidad escapó de una requisitoria de aprehensión prevalido de una credencial diplomática, es capturado por las autoridades españolas y está a la espera de extradición a EE.UU. por presunta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, entre otros.
Un ciudadano colombiano, operador clave de un entramado de importación de alimentos para el gobierno venezolano, capturado en Cabo Verde, a quien pretenden proteger con ardides, como cédula, pasaporte diplomático y hasta hacerlo vocero oficial del Venezuela, también está a la espera de extradición a EE. UU. por actividades ligadas al lavado de dinero y otros ilícitos que involucrarían a jerarcas del oficialismo.
El propio ocupante de la presidencia del país es solicitado por la vindicta pública de EE.UU. y, temeroso, opta por dar su discurso vía zoom ante la plenaria de la Asamblea Anual de la ONU. Esa misma espada de Damocles pende también sobre sus más cercanos colaboradores quienes igualmente se eximen de ausentarse del país. Buena parte de ellos, incluido el máximo jerarca, ostentan la calificación de “Wanted” con recompensa ofrecida por su captura.
Finalmente, la noticia que representa la mayor encrucijada del régimen ante la justicia internacional, y con poca capacidad de maniobra, es el expediente que examina el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, de delitos de lesa humanidad contra los venezolanos, en el cual se señala al máximo jerarca y su corte de colaboradores civiles y militares. Su sentencia, sin duda, no será noticia en la sección de sucesos, sino en la primera plana de todos los medios internacionales.