El Gobierno Territorial Mayangna Sauni As, compuesto por líderes indígenas de la Reserva de Biosfera Bowasás, en el noreste de Nicaragua, denunció este sábado un “etnocidio” en ese territorio después de que uno de sus comunitarios fuera asesinado supuestamente a manos de un invasor de tierras no nativo.
En un pronunciamiento referido al asesinato del indígena Martiniano Macario Samuel, ocurrido el pasado día 4, el Gobierno Mayangna afirmó que sus comunidades son víctimas de “violación de los derechos humanos mediante discriminación, genocidio, etnocidio y exterminio”.
Según la autoridad comunitaria, Macario Samuel fue asesinado por “grupos armados e invasores”, un hecho que los mayangnas relacionaron con la llamada “masacre” del 23 de agosto pasado, en la que 12 nativos murieron a manos de supuestos “colonos” o invasores.
La Policía Nacional confirmó el suceso, lo atribuyó a rencillas para “apropiarse por la fuerza de un punto de güirisería (mina artesanal)”, y dijo estar en busca de los delincuentes.
“Los comunitarios nos encontramos en situación de emergencia y alto grado de vulnerabilidad frente al tráfico ilegal de nuestras comunidades, la usurpación, invasión, constante amenazas, asesinatos a comunitarios, despojo”, así como “deterioro ambiental”, subrayaron las autoridades indígenas.
El Gobierno Mayangna también exigió al presidente Daniel Ortega “instaurar una instancia de diálogo franco y directo para el saneamiento (expulsión de invasores) de nuestro territorio en forma inmediata”, así como “desarticular, desmantelar y llevar al estrado de justicia a aquellos criminales que continúan destruyéndonos, asesinándonos y exterminándonos”.
De la misma manera solicitó a “los organismos internacionales de derechos humanos, y en especial aquellos que velan por los derechos de los pueblos indígenas, hacer un llamado al Gobierno de Nicaragua para que nos atienda con prontitud y acciones reales, así como garantís de no repetición de los asesinatos e invasiones en nuestros territorios sagrados”.
Organismos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, o el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), han advertido en los últimos años del riesgo que corren los indígenas en el país centroamericano.
En Nicaragua existen 304 comunidades de pueblos indígenas y de ascendencia africana, establecidas en 23 territorios en las zonas más pobres y aisladas, y que representan el 8 % de la población local, según datos oficiales.
EFE